Tanto es así que más de la mitad de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) ni siquiera tiene viviendas en propiedad. Más concretamente, ý según un estudio publicado esta semana por la consultora Armabex, solo un 37,9% de ellas cuenta con viviendas para el alquiler entre su catálogo de activos.

Hasta la fecha, en España hay 66 socimis que ya lo son con todas las de la ley, lo que implica la cotización en una plataforma multilateral de negociación, para lo que 62 han escogido el MAB. De estas, solo 25 se dedican al negocio del alquiler de vivienda. De las 19 que se han estrenado como cotizadas a lo largo de este 2018, solo ocho se dedican en todo o parte al arrendamiento de casas.

Estas cifras chocan de lleno con los que sitúan a las socimis en el origen de la actual escalada de precios. Aunque sus carteras de vivienda sean abultadas, la foto global señala que su peso sigue siendo aún muy relativo dentro del conjunto de la industria del alquiler. Desde la consutora CBRE se apunta que estas sociedades apenas gestionan un 3% de las viviendas en alquiler en España.

Un dato más que se desprende de la radiografía de Armabex es que mientras que el parque de vivienda que aglutinan estas sociedades especializadas alcanza una valoración de mercado de 4.533 millones de euros el resto de activos inmobiliarios en su cartera supera los 11.700 millones. Respectivamente, se trata de un 26,6% y un 68,9% de las inversiones de estas empresas.

El partido Podemos y sus líderes están entre los que más han señalado a las socimis como motores del alza de precios al alquiler. En su programa político explican que los ¿grandes privilegios fiscales¿ de los que se las ha dotado han supuesto ¿un cambio significativo en el mercado inmobiliario en España¿. Un vuelco que ha llevado a la formación a arrancar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el compromiso de enmendar a su antecesor socialista en La Moncloa y revisar la tributación de estas compañías especializadas.

Por detrás de las viviendas, que sí constituyen el mayor peso en la cartera de las socimis españolas, se colocan los inmuebles destinados al comercio. La suma de locales y centros comerciales arroja una inversión de 4.407 millones de euros, el equivalente a un 25,9% de la inversión conjunta de estas sociedades.

El tercer puesto en la cartera de estas sociedades cuya fiscalidad ha levantado polvareda en los últimos meses es para las oficinas. Hasta 24 de las 66 socimis que formalmente existen en España cuentan con esta clase de activos en su cartera, según la consultora. En inmuebles destinados a trabajos administrativos suman 3.598 millones de euros, un 21,1% de una tarta de poco más de 17.000 millones de euros.

Los balances de las socimis también muestran que los inversores no residentes no tienen su debilidad en la vivienda, que ha representado un 24,5% de su inversión en ladrillo español hasta noviembre de este año, casi un punto porcentual menos que a igual altura del ejercicio pasado. En su lugar, prefieren oficinas y centros comerciales, dos segmentos en los que concentran un 54,7% de su inversión, cerca de cuatro puntos más que hace un año.

LA REFORMA FISCAL AL GUSTO DE PODEMOS

Estas cifras ven la luz mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue buscando apoyo para sus Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ya cuentan con el respaldo de la bancada de Unidos Podemos. Una conformidad que pasó por el compromiso de los socialistas de elevar al 15% el impuesto de sociedades para los beneficios no distribuidos por las socimis.

Hasta que esta norma entre en vigor, las socimis no pagan impuestos sobre las rentas obtenidas por su actividad principal distribuidas en forma de dividendo para sus accionistas y pagan un 25% sobre otras actividades. Dado que los receptores del dividendo también tributan por las rentas obtenidas por esta vía, estudios del sector sitúan la contribución fiscal real del sector en el entorno del 18%.

Mientras tanto, Pablo Iglesias sigue acusando a las socimis en sus recurrentes comparecencias públicas de haber contribuido a que los precios del alquiler se disparen en las zonas en las que concentran su actividad, principalmente las ciudades de Madrid y Barcelona. A pesar de que la proliferación de estas sociedades se ha concentrado en los últimos años del último lustro, con el Partido Popular en el Gobierno, el armazón legal para estas sociedades se aprobó en el año 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como antídoto para la profunda crisis inmobiliaria que entonces sufría España y golpeaba a muchos ahorradores fruto de la, hasta ahora, última burbuja del ladrillo.