El Gobierno ha publicado este martes en el BOE las condiciones para adjudicar el megaconcurso de publicidad institucional del que dio sus primeros detalles hace tres semanas. Se trata de una licitación de 112 millones de euros para este año y el próximo.

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El objetivo es adjudicar a una agencia de medios "la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional" de todos los ministerios y entidades públicas.

Entre las condiciones establecidas para poder presentarse al concurso se establece que "el adjudicatario de cada contrato basado deberá emplear con motivo de la ejecución del mismo un porcentaje de trabajadoras que sea igual o superior al 25%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector de empresas de publicidad lo permita".

El ámbito del Acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal.

El acuerdo marco está dividido en dos lotes, según se trate de servicios que incluyan o no difusión en el medio televisión. La adjudicación del acuerdo marco se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la citada Ley, evaluándose las ofertas mediante criterios económicos.

Tipos de medios

La ponderación de los bloques en los diferentes medios se ha establecido de la siguiente manera. En el primero el cine ponderará un 5%, Medios gráficos (15%). Medios digitales (12%); Publicidad exterior (10%). Radio (12%) y TV (46%).

Respecto al subgrupo 2. La publicidad en cine ponderará un 2,5%. Medios digitales 20%). Medios gráficos (12.5%). Publicidad exterior (15%) Y radio un 50%.

El Gobierno ha marcado un plazo para la recepción de ofertas que finalizará el próximo 3 de febrero. El anterior contrato sustituye al que se acordara en 2017.

Esta adjudicación se conoce cuando el Gobierno se encuentra estudiando opciones para actualizar sus normas de concurrencia y distribución de publicidad institucional con el objetivo de lograr un sistema que garantice que los mensajes llegan a sus públicos objetivos. En definitiva, se busca aprovechar y optimizar cada euro que la Administración gasta en promocionar sus campañas.

Fuentes del Ejecutivo con las que ha hablado Invertia indican que este es un proceso abierto y transparente en el que está involucrado el sector de los medios de comunicación y las agencias. La idea es considerar todos los puntos de vista para intentar actualizar criterios sobre la base de las nuevas realidades.

Nuevos movimientos

De esta manera, cualquier decisión que se tome en este sentido se hará con acuerdo de todo el sector. La idea es aplicar estas modificaciones a la publicidad que distribuye la Administración central, pero con vocación de que estos parámetros estén en todas las Administraciones del Estado, tanto autonómicas como locales.

En este sentido, también se baraja la realización de auditorías periódicas a agencias para monitorizar el rastro del dinero que se invierte en publicidad institucional. Estas acciones complementarían el trabajo de la Comisión de Publicidad Institucional, organismo que vela por que los procesos sean abiertos y transparentes y por que el reparto de las campañas se haga de acuerdo con criterios objetivables