En julio se cumplirán seis años de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual que incluía entre sus puntos más controvertidos el artículo 32.2 que establecía que los editores tenían el "derecho irrenunciable" de cobrar a los agregadores de contenidos en Internet por la indexación de sus artículos.
En ese momento el Gobierno de Mariano Rajoy -con la oposición de Podemos y PSOE- sacó adelante este cuerpo legal con la salvedad de que el cobro debía ser realizado por una entidad de gestión que luego repartiese los ingresos a los autores. Un sistema similar al que utiliza la SGAE con los músicos. Posteriomente se decidió que el cobro lo realizaría el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), gestora de derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras.
Y han pasado seis años en los que Internet ha crecido exponencialmente, los medios se han multiplicado, su tráfico crece sin parar y sus artículos siguen siendo el contenido más demandado de los motores de búsqueda. Un periodo en el que, sin embargo, la recaudación de esta tasa ha sido un completo fracaso desde que comenzara a operar formalmente en 2015.
Las fuentes consultadas por Invertia que han tenido conocimiento de los ingresos que está teniendo el Canon AEDE -también conocido como la primera tasa Google- indican que en este periodo se han recaudado apenas 10.000 euros al año, unos 60.000 desde que está en funcionamiento. Una cantidad insignificante si se compara con los 80 millones de euros anuales que AEDE esperaba cobrar cuando se aprobó la tasa en julio de 2014.
¿Qué ha pasado? Las fuentes consultadas por este diario indican que, efectivamente, Cedro ha cursado religiosamente todas las facturas desde hace seis años, pero ningún agregador a excepción de Upday, el primer y único que llegó a un acuerdo con el gestor de derechos, ha pagado religiosamente sus cuotas. El resto de agregadores que siguen en España rechazan regularmente los cobros.
Problemas con Menéame
Centrado principalmente en móviles el tráfico de este agregador, es pequeño en comparación a otros gigantes como Menéame o lo que en su momento fue Google News, lo que explica la escasa recaudación conseguida en seis años de funcionamiento de la tasa.
Las fuentes consultadas indican además que las previsiones que hizo en su momento la patronal de los editores de prensa en papel (en ese momento AEDE y ahora AMI) se basaban casi exclusivamente en lo que pudiesen recaudar por Google News, pero el agregador abandonó España por la aprobación de esta ley y nunca más volvió. De hecho, nuestro país es el único de Europa que no tiene este servicio del gigante digital global.
En abril de 2018 el Tribunal Supremo anuló el canon, sin posibilidad de recurso por un defecto de forma. Concretamente, el canon no tenía en cuenta a las familias numerosas, por lo que la orden queda anulada. Posteriormente se reparó este defecto y siguió adelante.
Por otro lado, Menéame, el otro gran agregador de noticias tras la salida de Google News, lleva cinco años negándose a pagar y disputando a Cedro el pago de esta tasa. Originalmente esta entidad pretendía que se pagasen 5 céntimos por cada usuario, por lo que agregadores como Menéame tendrían que haber pagado unos 2,5 millones de euros al año, algo que finalmente no se ha producido.
No obstante, además del fracaso en la recaudación, el Canon AEDE ha traído otros perjuicios a los editores. El informe de 2017 Impacto sobre la Competencia y el Libre Mercado de la Tasa Google o Canon AEDE indicaba que el cierre de Google News en España generó una reducción del 11% en el número de vistas a editores de noticias online. La caída de este tráfico se dio principalmente en las pequeñas editoriales, mientras que en las grandes no se evidenció una reducción significativa.
Impacto en pequeñas publicaciones
Respecto de la valoración económica de este impacto indicaron que podría estar en torno a los 9,3 millones. “Tomando en cuenta que los ingresos de publicidad en la prensa online son alrededor de 180,9 millones euros al año, la reducción de beneficios para la prensa online se puede estimar en 9,3 millones anuales".
Desde la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEP) siempre se ha defendido que sea el editor el que decida si quiere o no cobrar esta tasa y sobre todo que sean ellos los que puedan negociar su cobro con los agregadores sin tener que pasar por la intermediación de las entidades de gestión.
Un debate que vuelve a estar sobre la mesa ya que España debe transponer en los próximos meses la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital que, entre alguno de sus artículos, establece el pago de esta tasa a agregadores, pero no dice que debe ser irrenunciable ni gestionada por terceros.