El hartazgo de Housers con el proceder como supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llegado a la orilla de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La plataforma inmobiliaria de financiación participativa amenaza con presentar una reclamación ante el segundo organismo “por fomento de la competencia desleal, haciendo de este modo público, visible y notorio las actuaciones de la CNMV en relación a Housers, la falta de similares actuaciones sobre el resto de plataformas y el trato discriminatorio recibido por Housers desde la CNMV”.

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El pasado 25 de mayo, mediante un comunicado al organismo que preside Rodrigo Buenaventura que recibió el 27 de mayo, Housers puso en conocimiento de la CNMV la existencia de un informe que ha realizado la propia compañía en el que se analizan y documentan en un período de tiempo amplio distintas prácticas llevadas a cabo por varias plataformas del sector reguladas por la CNMV. Dicho informe le fue adjuntado con el comunicado previo.

En el informe, al que ha tenido acceso Invertia, se pone de manifiesto que distintas plataformas de financiación participativa (PFP) relevantes dentro del sector están realizando prácticas que han sido explícitamente prohibidas a Housers por la CNMV en distintos requerimientos e inspecciones y por las cuales Housers recibió una importante sanción y otra propuesta de sanción que de momento no ha adquirido firmeza al encontrarse en fase de recurso en vía administrativa. También se incluyen otras prácticas no permitidas que estas plataformas supuestamente han realizado de forma continuada en los últimos años.

Entre estas PFP, se mencionan las siguientes: Civislend, Urbanitae, StockCrowd IN, Wecity, Fundeen o Citiprive.

Housers deja constancia a la CNMV que muchas de las prácticas denunciadas le habían sido puestas de manifiesto por parte de Housers a la CNMV en distintos comunicados (por ejemplo, 25 de marzo de 2019). Desde ese momento, “han transcurrido ya más de dos años sin que las prácticas de las plataformas competidoras hayan cesado o hayan sido sancionadas”, se queja la plataforma.

Incumplimientos “muy graves”

Entre estas prácticas, se encuentra incumplimientos “muy graves” como: “proyectos no permitidos; falta de neutralidad; operaciones con conflicto de interés; operaciones vinculadas sobrepasando los máximos legalmente permitidos; estimación de rentabilidades de proyectos en base a un precio de venta futuro estimado por el promotor o en proyectos de tipo fijo; concentración de proyectos en un número limitado de promotores; aceptación ilícita de garantías; no mostrar la información básica del inversor de forma relevante y no incluir las tarifas aplicables; documentación ofrecida a los inversores no actualizada e incorrecta, y ocultamiento de información relevante por parte de la plataforma a sus inversores”.

Álvaro Luna y Juan Antonio Balcázar, presidente y CEO de Housers, en una foto de archivo.

Pero el comunicado de Housers no se queda ahí. También incluye otros incumplimientos como: “publicación de proyectos a sociedades promotoras con capital mínimo de 3.000 euros; utilización de calculadoras y simuladores de inversión; quebranto del principio de transparencia e información no engañosa a los inversores en la descripción de los riesgos de los proyectos, así como en las estadísticas de la plataforma, y utilización del logotipo de la CNMV”.

“O bien la labor supervisora y reguladora de CNMV no ha tenido lugar en estas plataformas o bien desde CNMV se es consciente de todos estos hechos, pero se ha decidido aplicar un criterio distinto al aplicado en Housers. En cualquiera de los dos casos, son hechos muy graves y de consecuencias nefastas para los intereses de Housers”, se defiende la plataforma, cuyo comunicado está firmado por Álvaro Luna, presidente del consejo de administración.

La plataforma madrileña de inmobiliario y otros proyectos de financiación participativa hace “especial hincapié” en que, desde que se concedió la primera licencia de PFP en España (La Bolsa Social, en 2015), Housers ha sido hasta la fecha la única PFP a la que la CNMV ha abierto expediente sancionador. “Y no sólo lo ha hecho en una ocasión, sino hasta en dos ocasiones”, subraya.

Fin a la discriminación

“A mayor abundamiento, se da la circunstancia que algunas de las prácticas detectadas en estas PFP y puestas de manifiesto en el informe corresponden con plataformas a las que se acababa de conceder recientemente la licencia de PFP”. Y prosigue el escrito: “Estamos ante un claro doble rasero y un abuso en cuanto a la aplicación de su obligada supervisión y regulación de este tipo de entidades, aplicando un criterio a una plataforma (Housers) y otro bien distinto al resto”. De ahí la amenaza con llegar hasta la CNMC, que todavía no se ha formalizado, según ha podido confirmar este periódico con fuentes de esta plataforma.

Supuestamente, la CNMV ya habría investigado en otras plataformas ciertos puntos de los denunciados por Housers, aunque se habría sido más duros con esta última al tratarse de la PFP más grande del sector, refieren fuentes conocedoras.

El acaloramiento de la plataforma llega hasta tal punto que, en el cierre del comunicado, menciona que “la actuación de CNMV no tiene cabida en la legislación actual”. A juicio de Housers, el supervisor de los mercados financieros no cumple con la Constitución Española ni tampoco con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, achacando que “la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente, existiendo jurisprudencia a este respecto”.

Desde la CNMV, aseguran que “analizamos todas las quejas que nos llegan y las tramitamos”, al tiempo que “en este y en todos los casos aplicamos criterios objetivos de supervisión recogidos en la norma en función del riesgo de las entidades”.

Así, Housers requiere formalmente a la CNMV que ponga fin a “este trato discriminatorio y continuado sufrido por Housers frente a otras PFP”, bajo la “única perspectiva de la defensa de los derechos de esta plataforma, sus inversores y accionistas”.