La disolución de las Cortes paraliza la tramitación de las iniciativas legislativas, pero no supone el cierre del BOE. El Ejecutivo puede seguir aprobando determinadas normas reglamentarias si hay razones de extraordinaria y urgente necesidad o de interés general debidamente justificadas.

Entonces, en esos casos, se derivarían a la Diputación Permanente, porque se mantienen las facultades constitucionales de las Cámaras durante el periodo electoral y, por tanto, puede convalidar reales decretos-ley (no 'aprueba', solo convalida).

Entre las medidas que podrían encontrar encaje están las relacionadas con un eventual escudo social energético. "Podría prorrogar medidas que se han tomado para aliviar la factura energética de los consumidores vulnerables, por ejemplo", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Y como el precedente existe, cuando el Ejecutivo utilizó en marzo el real decreto-ley para aprobar medidas de respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo, "podría volver a utilizarlo".

Entre ellas se incluyeron mecanismos de protección para consumidores vulnerables, ayudas energéticas y medidas para impulsar almacenamiento, flexibilidad y gases renovables.

Subastas de capacidad

Uno de los asuntos que queda en el aire es el mercado de capacidad, una pieza clave para garantizar generación firme y flexibilidad en un sistema con una penetración creciente de renovables.

La normativa para satisfacer la necesidad de disponer de capacidad gestionable, almacenamiento y respuesta de la demanda ya estaba bastante desarrollada en las últimas semanas.

De hecho, solo faltaría publicar una orden ministerial para el procedimiento de operación del servicio de capacidad y una resolución que convoque la primera subasta con las reglas y el cálculo concreto de las necesidades de potencia firme.

"El propio marco regulatorio ya incorporó mecanismos para facilitar la participación del almacenamiento y de la gestión de la demanda en los mercados eléctricos", señalan las mismas fuentes.

Si el Gobierno considera que determinadas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad de suministro o responder a una situación excepcional, podría intentar utilizar la vía del decreto-ley y llevar su convalidación a la Diputación Permanente.

No obstante, no todo proyecto pendiente puede convertirse automáticamente en un real decreto-ley: debe existir la correspondiente justificación constitucional de extraordinaria y urgente necesidad.

El almacenamiento presenta, en cambio, una situación diferente. Parte de su desarrollo puede hacerse mediante orden ministerial, siempre que exista habilitación legal suficiente. Miteco ya considera el almacenamiento una herramienta esencial para aportar flexibilidad, integrar renovables y gestionar las redes.

Tres reales decretos, bajo la lupa

La incertidumbre afecta también a tres proyectos reglamentarios estratégicos. El primero es el real decreto sobre requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los centros de datos.

Su impacto puede ser relevante para la demanda eléctrica, la planificación de las redes y la llegada de nuevas inversiones digitales, en un momento en el que los centros de datos se han convertido en uno de los principales focos de crecimiento de la demanda.

El segundo es el real decreto de impulso del biometano, que plantea cuotas crecientes de gas renovable en el mercado gasista.

El tercero modifica los reales decretos 1955/2000 y 1434/2002 y afecta al régimen de acceso, conexión y autorización de instalaciones eléctricas y gasistas.

"Ninguno de estos textos decae automáticamente por la convocatoria electoral al tratarse de desarrollos reglamentarios. Pero su aprobación dependerá ahora de las prioridades del Ejecutivo y de hasta dónde quiera llegar un Gobierno sometido a las limitaciones de la gestión ordinaria", añaden las fuentes consultadas.

Plan de PP y Vox

La campaña electoral pondrá además sobre la mesa una alternativa energética diferente. El Partido Popular ha situado la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares entre sus principales propuestas, junto con la supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y un plan para desbloquear los accesos a la red.

Los populares también defienden una mayor inversión en redes, almacenamiento e interconexiones.

Su planteamiento pasa por un mix que combine nuclear y renovables y por acelerar la solución al déficit de capacidad de acceso que afecta a nuevos proyectos industriales y residenciales.

Vox plantea una posición todavía más favorable a la nuclear. Su propuesta incluye prolongar la vida de las centrales existentes, estudiar nuevas instalaciones, impulsar especialmente el almacenamiento hidráulico mediante bombeo y garantizar una capacidad de generación firme y gestionable.

La formación también reclama revisar el PNIEC, reducir el peso de las políticas climáticas que considera perjudiciales para la industria y reforzar la soberanía energética mediante nuclear, hidrocarburos y almacenamiento.