El Gobierno recupera los 20 céntimos de rebaja fiscal del diésel en octubre mientras limita al 15% la subida de la TUR de gas, que, sin intervención, habría aumentado entre un 45% y un 50%.
El nuevo paquete de medidas del Gobierno para contener el impacto de la crisis energética vuelve a poner el foco sobre el coste que tendrá para las arcas públicas y para el sector energético el intento de contener la subida de los precios.
Pero no todas las medidas funcionan de la misma manera.
Mientras la rebaja de los carburantes se traduce directamente en una menor recaudación fiscal para el Estado, el límite impuesto a la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas genera un déficit tarifario que no se cubrirá directamente con los Presupuestos Generales del Estado.
En el caso de los carburantes, el Ejecutivo mantiene el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), pero reduce temporalmente sus tipos para abaratar el precio final que pagan los consumidores.
Así, el descuento aplicado al diésel será de 20 céntimos por litro en octubre, que posteriormente se irá reduciendo. La medida se articula mediante una reducción del tipo impositivo y no mediante una subvención directa al conductor o a las estaciones de servicio.
Este mecanismo ya se utilizó en los últimos meses.
El Real Decreto-ley 18/2026 estableció una reducción del IEH de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, con una cláusula de salvaguarda que permitía elevar el recorte hasta 20 céntimos si la evolución de los precios cumplía determinados requisitos.
El propio BOE califica la medida como una bajada de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Menos ingresos para Hacienda
Esto significa que el Estado no tiene que habilitar una partida presupuestaria equivalente a los céntimos que se descuentan en cada litro.
El coste se produce por la vía de los ingresos: Hacienda recauda menos IEH.
El anterior paquete fiscal aprobado en junio ya estimaba en 939 millones de euros el ahorro para los contribuyentes derivado de la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos. En conjunto, las medidas tributarias de aquel real decreto-ley suponían un ahorro fiscal de 1.254 millones de euros.
Por tanto, cuando el Gobierno habla de un escudo energético o anticrisis de varios miles de millones de euros, esa cifra no equivale necesariamente a una transferencia de dinero desde el Tesoro a los consumidores.
El coste de las medidas puede proceder tanto del gasto público directo como de la menor recaudación provocada por las rebajas fiscales.
Es una diferencia importante respecto a la bonificación de 20 céntimos aprobada en 2022, cuando se estableció un sistema específico de compensación a los operadores.
Ahora, en cambio, el Estado renuncia a una parte de la recaudación del impuesto para conseguir que el precio final del combustible sea menor.
El gas: una factura diferente
El mecanismo elegido para contener la subida de la factura del gas es distinto.
El Gobierno ha decidido limitar al 15% la subida de la TUR de gas a partir del 1 de octubre. Sin esta intervención, la actualización de la tarifa habría provocado un incremento de entre el 45% y más del 50%, según los cálculos publicados este martes.
La medida afecta a unos 3,1 millones de clientes acogidos a la tarifa regulada.
El problema es que la TUR incorpora el coste de la materia prima. Si el precio real del gas aumenta mucho más de lo que puede trasladarse al consumidor por la limitación impuesta por el Gobierno, se genera una diferencia entre el coste del suministro y los ingresos obtenidos mediante la tarifa.
Ese desfase es el denominado déficit tarifario.
Es una de las principales diferencias respecto a los carburantes: el Gobierno no va a cubrir ese agujero directamente con los Presupuestos Generales del Estado.
El Ejecutivo ha optado por financiar el déficit tarifario mediante un fondo específico, según la información adelantada este martes.
¿Quién paga entonces el tope de la TUR?
Las comercializadoras de último recurso tienen que aplicar al consumidor la TUR limitada por el Gobierno. Si el coste de la materia prima que soportan es superior al que pueden trasladar al recibo, se produce inicialmente un desfase económico dentro del sistema.
Pero las comercializadoras no van a asumir definitivamente esa pérdida.
El precedente está en la crisis energética de 2021 y 2022. El Gobierno ya utilizó entonces un mecanismo para limitar el traslado a la TUR del encarecimiento del gas y estableció fórmulas para recuperar posteriormente las cantidades que habían quedado pendientes de trasladar al consumidor.
En 2022 se aprobó un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros para cubrir el déficit generado por la limitación de la TUR. Finalmente, el importe utilizado fue muy inferior al crédito inicialmente habilitado.