El Ministerio de Economía rechaza aplicar un tope al precio del gas, como propuso Yolanda Díaz, por temor a que aumente la demanda y se tensionen aún más los precios.
El sector energético y los economistas coinciden en que la opción del tope podría frenar inversiones y no ayudaría a reducir la inflación eléctrica.
Los precios del gas y la electricidad han subido fuerte en los últimos meses, con el gas triplicando su precio respecto al año pasado y la electricidad aumentando más del 70%.
El Gobierno estudia alternativas regulatorias y fiscales para reducir la factura eléctrica, como la rebaja de impuestos y peajes, en lugar de intervenciones directas en el mercado.
La idea de invocar de nuevo la excepción ibérica para poner un tope al precio del gas sobrevuela en el Gobierno como forma de aliviar la factura de la luz en los hogares y las empresas.
Yolanda Díaz, partidaria de una mayor intervención del Ejecutivo en el mercado energético para frenar los precios, puso esa opción sobre la mesa del vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, pero con poco éxito, según señalan fuentes políticas y empresariales conocedoras de la situación.
Aunque desde el Ministerio de Economía no han querido valorar la información, el análisis que hacen en el departamento de Cuerpo así como en el seno de las compañías energéticas es claro: esa opción no sirve para bajar las tensiones inflacionistas que genera el coste de la electricidad, dado que incrementa la demanda, se frenan las inversiones de las empresas y se tensionan más los precios.
Cuerpo enmieda a Díaz y rechaza aplicar un tope al gas.
Es decir, que la vicepresidencia primera se opone a la petición realizada por Trabajo que cuenta, por cierto, con el respaldo de los sindicatos en su petición.
Por si fuera poco, los economistas y técnicos del sector coinciden en que un aumento de la demanda es justo lo que ahora hay que contener. Desde el sector privado se apuesta más por medidas regulatorias y fiscales, que por imponer un tope como el de 2022, que dio al traste con sus cuentas de resultados.
La medida pillaría además a la gran industria electrointensiva y a las energéticas en pleno proceso de inversión en la electrificación de sus instalaciones y la generación de más redes eléctricas para aliviar la congestión de las existentes.
Desde el sector advierten que la situación no es todavía la de hace cuatro años y medio, al estallar la guerra de Ucrania, aunque los precios mayoristas de la luz y el gas acumulan subidas fuertes, sobre todo en los últimos dos meses.
El gas se paga a una media de entre 70 y 80 euros MWh, tres veces más que hace un año y con un rally al alza tras el verano. En el caso de la electricidad, que depende en gran medida del precio del gas, la media ronda los 140 euros, lo que supone una subida media en 12 meses de más del 70%.
Aun así, el escenario no es el mismo que en mayo de 2022, cuando se aplicó el tope el gas. Al contrario, economías como la francesa o la alemana sufren precios mucho más altos que España, acuciados por el coste del gas. Eso hace que una excepción ibérica (unilateral) pueda provocar un rechazo fuerte en la UE, advierten desde las grandes compañías.
Esta deriva al alza se debe sobre todo a una demanda que está disparada por las altas temperaturas y el largo verano que ha sufrido el país este año. A lo que se añaden los tirones que genera la vivienda, los centros de datos y la industria electrificada.
El precio en el pool del mercado eléctrico puede ser cero cuando domina la producción fotovoltaica (a mediodía), pero se dispara hasta casi los 300 euros cuando no hay ni luz ni viento y se tienen que pedir ajustes adicionales al mercado de forma inmediata, que son los que sólo ofrecen los ciclos combinados (gasóleo y gas).
Como colofón, el procedimiento operativo reforzado que aplica Redeia desde el apagón ha incrementado el recurso a los ciclos combinados y también ha generado un coste extra de la factura que repercute en la factura eléctrica.
Recortar un 30%
Desde el Ministerio de Economía se han abierto conversaciones con las grandes empresas energéticas e industriales del país para analizar la situación y ver las medidas que se pueden tomar dentro del paquete anticrisis por la guerra de Irán.
Los contratos de futuros apuntan a que los costes de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas van a seguir al alza, al menos, hasta final de año con un recorrido que puede superar el 30%. La falta de una solución clara al conflicto en el Estrecho de Ormuz tampoco alienta una solución rápida a esa escalada de precios.
Todo apunta a que la apuesta del Gobierno y el sector pasa por tomar medidas fiscales y normativas que alivien la carga de la factura a las empresas y a los hogares.
Es la demanda que se hizo esta misma semana desde el Club de la Energía. Lo que necesitan las empresas es evitar medidas intervencionistas, garantizar una competencia en igualdad de condiciones y eliminar trabas fiscales que suben el coste a empresas y familias de forma artificial.
Un estudio realizado por EY en enero de este año, para la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, se calculaba que solo con medidas fiscales y algunos cambios normativos se podía rebajar en un 30% el coste energético a las grandes empresas.
La eliminación paulatina del impuesto a la producción eléctrica, ya en marcha, debería unirse a una mayor bonificación del impuesto especial a las manufacturas, un recorte de los peajes, más compensación por las emisiones de CO2 y menos impacto del coste de las restricciones técnicas.
Son medidas que están sobre la mesa y que se pueden analizar para evitar que la electrificación de sectores de consumo intensivo de energía (química, refino, cerámica, etc...) puedan afrontar el coste de la electrificación de sus plantas, sin quedar abocados al cierre.