El sector energético teme que el Gobierno imponga una nueva 'excepción ibérica' ante el alza del precio de la luz, lo que podría afectar a sus cuentas.
Expertos y empresas alertan de que medidas intervencionistas y trabas fiscales pueden frenar la demanda e impedir inversiones necesarias para la transición energética.
El precio de la electricidad y el gas sigue elevado por la subida del petróleo y la inestabilidad geopolítica, generando presión sobre familias y empresas.
El sector reclama un marco regulatorio estable y menos intervencionismo para facilitar inversiones, electrificación y aprovechar mejor las energías renovables.
Las grandes compañías energéticas y algunos de los principales expertos del sector han lanzado todas las alarmas sobre el riesgo de que el alza de precios de la energía que ha provocado la subida del petróleo y el gas acabe en una intervención del Gobierno, como la excepción ibérica que se impuso tras la guerra de Ucrania.
Un proceso como ese, unido a otras medidas regulatorias como el decreto sobre los centros de datos o los impuestos que aún quedan en el recibo de la luz, puede generar un freno a la demanda y descuadrar sus cuentas de resultados, cuando más falta hace invertir en redes y adaptarse a la nueva demanda de electricidad que se viene encima.
La jornada de este lunes sobre La seguridad de suministro ante un orden geopolítico incierto, organizada por el Club de la Energía (Enerclub), ha servido para lanzar un aviso al Gobierno: lo que necesitan las empresas es evitar medidas intervencionistas, garantizar una competencia en igualdad de condiciones y eliminar trabas fiscales que suben el coste a empresas y familias de forma artificial.
"La demanda ya está creciendo", señalaba Marta Castro, directora de regulación de Aelec, que representa al 80% de las empresas eléctricas, con la advertencia de las seis veces que se ha activado en lo que va de año el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), un récord histórico.
Aunque la situación ahora no es tan trágica como cuando se declaró la guerra de Ucrania (540 euros megavatio hora para la luz y 240 para el gas en marzo de 2022), el mercado mayorista ha llegado a tocar máximos diarios de 300 euros para la electricidad y se ha estancado en 80 euros en el gas natural, muy por encima de primeros de año.
El petróleo tampoco ha dejado de subir por la incertidumbre del conflicto de Irán. Se ha quedado en 106 dólares por barril, en lo que se considera un escenario de riesgo por el BCE, que puede pasar a ser "severo" si alcanza los 130 dólares, con la inflación cerca del 5%.
Esa situación ya ha obligado a tomar medidas al Gobierno para aliviar el coste del gasóleo profesional a la agricultura y la pesca. Y el Ministerio de Economía prepara nuevas medidas de apoyo a familias y empresas por la escalada que sufren la luz, el gas y los carburantes. Sin visos de que el escenario geopolítico mejore.
Todos los expertos reunidos por el Club de la Energía coincidieron en señalar que estos son el tipo de procesos que levanta el riesgo de intervencionismo estatal. Cuando lo que se espera desde el sector es una visión más a largo plazo, en un momento clave de cambio en el modelo energético mundial que va a exigir inversiones y esfuerzos.
Las medidas de alivio cortoplacista pueden ser necesarias, pero no sirven para frenar la escalada de precios y pueden ser muy dañinas para la nueva demanda de electricidad que se produce en todos los sectores con la transición energética y la descarbonización de la industria.
"El relato está bien, pero en los hechos nos quedamos en la mitad", advierten desde Aelec. Eliminar el 7% del impuesto a la producción eléctrica es un avance que aliviará facturas, pero sacar un decreto que limite sobremanera la demanda que generan los centros de datos, se ve como un freno desde el sector eléctrico.
En esa línea, desde la Asociación de la Industria del Combustible en España (AICE), insisten en que España tiene una oportunidad de hacer valer potencia en el refino y la generación de diésel, cuyos costes son los que están disparando los precios a nivel mundial.
"Hay que anticipar inversiones para tener seguridad de suministro, son inversiones", advertía su director adjunto, Carlos Martín. "Pero con un marco regulatorio que acompañe ese proceso y reconozca el carácter estratégico del refino para la transición energética, porque el refino puede traer también autonomía estratégica en Europa".
Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José Antonio González Moya se quejaba amargamente de la falta de aprovechamiento de las energías verdes, que ha sido del 55% en agosto, cuando podía haber llegado al 70%.
Y ello en plena distorsión de precios, generada sobre todo por una operación reforzada tras el apagón, que premia las restricciones técnicas y hace que lo que a mediodía vale 13 euros el megavatio hora, a las nueve de la noche sean más de 210 euros.
Todo ello mientras que desde patronales como la química (Feique) o la cerámica y los pavimentos, los dos sectores que más energía consumen en España tras el refino, advierten de la necesidad de ayudar a invertir a unas empresas que necesitan electrificarse a toda costa, pero a unos precios razonables.
En este contexto de cambio, con subidas del 40% al 60% en gas y electricidad, es donde los expertos ven riesgo en un exceso de regulación. "Estamos en la parte en la que el mercado sube el precio como alternativa más cara, pero no de ruptura de suministro", señaló Ignacio Cobo, socio principal de la consultora Afry, que es una de las grandes referencias del sector.
"Es un entorno de alto riesgo regulatorio -señaló-, pero no es bueno que esas intervenciones acaben afectando a la inversión. Volver a un tope para el gas puede ser duro, porque no mandas señales de reducir el consumo ante la subida de precios, sino que generas más, y más emisiones", alertó.