El Gobierno ha prorrogado el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, retrasando su cierre previsto.
Esta decisión reabre el debate sobre la vida útil de las centrales nucleares de Cataluña (Ascó I y II, Vandellòs II) y de la valenciana Cofrentes, cuyos cierres también están previstos para 2030 o poco después.
La empresa Enresa deberá afrontar el reto de gestionar simultáneamente el desmantelamiento y tratamiento de residuos de varias centrales nucleares en un corto espacio de tiempo.
La prórroga de Almaraz marca un precedente técnico y político, aumentando la presión para revisar el calendario de cierre de las demás centrales nucleares españolas.
No es algo nuevo ni algo que a estas alturas vaya a sorprender. La decisión del Gobierno de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) tres años más, hasta junio de 2030, abre una nueva etapa en el calendario de cierre del parque nuclear español.
Más aún, abre el debate para las centrales de Cataluña y Comunidad Valenciana, que son las siguientes instalaciones en la lista para cerrar: Ascó I, en Tarragona, y Cofrentes, en Valencia, en 2030, y, un par de años después, el otro reactor, Ascó II. El último, Vandellós II, no lo hará hasta 2035 junto con el manchego situado en Trillo.
Aunque el Ejecutivo asegura que la ampliación de Almaraz no modifica formalmente el calendario de cierre del resto de centrales, la decisión reabre las peticiones que ya se habían hecho en el pasado para revisar el plan y extender la vida útil de las plantas, especialmente las catalanas.
Pero la cuestión más relevante es saber si los números dan para que Enresa, la empresa responsable de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las instalaciones nucleares, lleve a cabo la titánica tarea de desmantelar a la vez la central que se prorroga hasta 2030 (Almaraz) y las que mantienen su fecha de cierre precisamente el mismo año.
Hay cuatro reactores nucleares que echan la persiana del sistema eléctrico en tan solo año y medio. Esto significa que se concentrará una enorme carga de trabajo de planificación, ingeniería, contratación, personal especializado, gestión de residuos y capacidad de almacenamiento.
Pero el Gobierno ha llamado a la calma sobre este punto y sostiene que Enresa tiene margen para gestionar el solapamiento de los cierres y que las instalaciones existentes tienen capacidad suficiente.
Aún así, según el informe de PwC El papel de la energía en el marco de la transición energética, Enresa tiene que financiar simultáneamente distintas fases: gestión de residuos, desmantelamiento y vigilancia posterior.
La prórroga de Almaraz no solo afecta al mercado eléctrico; puede alterar el calendario industrial y financiero de Enresa justo en ese momento en el que se concentra la salida de varias centrales.
"No hay capacidad para mantener un proceso de cierre y desmantelamiento de más de dos centrales a la vez", señalan fuentes del sector a este diario. "La central burgalesa de Garoña empezó la fase 1 de desmantelamiento en 2023 y no está previsto que finalice todo el proceso hasta 2033".
Y esta central, que anunció el cierre en 2017, tenía la mitad de potencia que el reactor I de Almaraz. "La congestión puede derivar en problemas de gestión de unos residuos y unos procesos donde se deben evitar los riesgos radiológicos", concluyen.
¿Un precedente de más prórrogas?
Pero la consecuencia es que la decisión sobre Almaraz ha dejado de ser un asunto exclusivamente extremeño para convertirse en el principal precedente sobre el futuro del resto del parque nuclear.
Si una central que debía comenzar a apagarse en 2027 puede prolongar su operación hasta 2030 por razones de seguridad de suministro y volatilidad de los mercados energéticos, las comunidades y sectores industriales que dependen de otras plantas disponen ahora de un argumento para reclamar el mismo tratamiento.
Además, Ascó I, Ascó II y Vandellòs II producen aproximadamente el 60% de la electricidad que consume la comunidad, según informes pasados de Foro Nuclear y la consultora internacional PwC.
La patronal defiende por ello que el cierre de estas instalaciones debe analizarse teniendo en cuenta no solo su antigüedad, sino también la seguridad de suministro y las necesidades de la industria.
Cofrentes, estratégica
El caso de Cofrentes presenta un paralelismo todavía más directo. La central valenciana, propiedad de Iberdrola, tiene previsto su cierre en noviembre de 2030, apenas cinco meses después de la fecha hasta la que el Gobierno ha autorizado ahora la operación de Almaraz.
La Generalitat Valenciana ya ha advertido de la importancia estratégica de mantener abierta la instalación. Su vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, calificó Cofrentes de "crucial" tras conocerse el aval del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) a Almaraz.
El tejido empresarial valenciano también ha aprovechado el nuevo escenario para reclamar una prolongación. Cofrentes genera el equivalente a alrededor del 44% de la electricidad consumida en la Comunidad Valenciana, según las informaciones publicadas tras la decisión sobre Almaraz.
Generalitat y Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana han pedido que su vida útil se extienda más allá de 2030.
La clave está ahora en determinar si la prórroga de Almaraz constituye una excepción o el primer paso hacia una revisión general del calendario nuclear.
La prolongación de Almaraz establece un precedente técnico y político: una central que cumple las condiciones de seguridad puede continuar operativa si existen razones para considerar que su aportación resulta necesaria para el sistema.
El Gobierno se enfrenta así a una contradicción. Por un lado, sostiene que Almaraz no altera el calendario de cierre del resto de instalaciones, pero por otro, la decisión ha reforzado las demandas de las comunidades donde se encuentran las siguientes centrales que deberían desconectarse.
Almaraz no obliga jurídicamente a prolongar Ascó o Cofrentes, pero sí cambia de forma sustancial el debate. La decisión del Gobierno elimina el argumento de que el calendario de cierre es inamovible y convierte 2030 en el nuevo año clave para la energía nuclear española.
Si Almaraz puede seguir operativa hasta entonces, las presiones para que Ascó I y Cofrentes no se apaguen ese mismo año —y para que posteriormente tampoco lo hagan Ascó II y Vandellòs II— previsiblemente aumentarán.