El CSN ha votado a favor de prorrogar tres años la central nuclear de Almaraz, coincidiendo con el plazo para pedir una ampliación de la licencia por diez años más.
La posible prórroga reactiva el debate sobre la viabilidad y necesidad de la energía nuclear en el mix energético español, especialmente tras el apagón del 28 de abril de 2025.
La Junta de Extremadura y las eléctricas ven la prórroga como una oportunidad para mantener empleo y una fuente de energía libre de CO2 en la región.
Conceder la prórroga de tres años podría permitir legalmente operar la central hasta la década de 2040 si se solicita una ampliación adicional.
Con la votación del CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) a favor de prorrogar la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y con el plazo con el que cuenta el Gobierno para dar su veredicto final, se produce una curiosa paradoja.
La autorización de la prórroga excepcional de tres años coincidirá en el tiempo con el plazo legal en el que las empresas propietarias deberían solicitar una prórroga ordinaria de otros diez años si aspiran a mantener la planta abierta más allá del horizonte pactado.
Este solapamiento temporal podría reactivar el debate sobre la viabilidad y la necesidad de la energía nuclear en el mix de generación eléctrica español en plena transición energética, que ahora, tras el apagón del 28 de abril de 2025, está más activado.
De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), las empresas titulares de una central nuclear deben comunicar formalmente al CSN su intención de solicitar la renovación de su licencia de explotación con una antelación mínima de tres años respecto a su fecha de expiración.
El primer reactor de la planta cacereña, Almaraz I, tiene fijado su cese definitivo de explotación para noviembre de 2027, mientras que Almaraz II debería hacerlo en octubre de 2028.
Al menos eso es lo que dicta el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el protocolo de cierre firmado en 2019 por Enresa y las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy).
Sin embargo, ante la posibilidad técnica e industrial de extender el funcionamiento de la central para garantizar el suministro y la estabilidad de precios, cambiaría todo el calendario de cierre del resto de las centrales.
Las eléctricas y la Junta, a la expectativa
Fuentes del sector eléctrico apuntan a que las compañías propietarias de Almaraz observan este escenario con cautela, pero también como una ventana de oportunidad.
Aunque el protocolo de 2019 plasmaba un acuerdo de "cierre ordenado", la crisis energética, la electrificación y la necesidad de contar con una energía de respaldo que no emita gases de efecto invernadero han cambiado las reglas del juego.
Desde el punto de vista técnico, Almaraz es una central que bate récords de producción año tras año.
De hecho, la Junta de Extremadura lleva meses quiere evitar el desmantelamiento de la instalación, porque su cierre supondría un golpe para el empleo y la economía de la comarca de Campo Arañuelo, además de prescindir de una fuente clave de energía libre de CO2.
El dilema del Ministerio
Para Transición Ecológica el escenario es sumamente complejo. Conceder la prórroga de tres años para evitar tensiones en el sistema eléctrico en el corto plazo podría abrir la puerta legal para que los operadores de la planta soliciten operar hasta la década de 2040.
Si las eléctricas registran formalmente la solicitud de ampliación por otros diez años amparándose en el nuevo plazo que les otorgaría la prórroga de tres años, el Consejo de Seguridad Nuclear se verá obligado a evaluar técnicamente el reactor bajo los estándares de una Revisión Periódica de Seguridad (RPS) completa.
Todavía quedan meses por delante para conocer la decisión del Gobierno, y aunque no es obligado, podría además, solicitar un informe a Red Eléctrica para confirmar la necesidad de esta central para la estabilidad del sistema, más aún si se debe evitar otro apagón, como el ocurrido el 28 de abril de 2025.