Las claves

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El riesgo real de que se produzcan nuevos apagones que se ha visto con la llegada del otoño ha obligado a la ministra Sara Aagesen a replantear todo el sistema de organización y control del sistema eléctrico, cuando todavía no se han dilucidado las responsabilidades del colapso de abril pasado.

Según explican fuentes técnicas conocedoras de la situación, en el Ministerio de Transición Ecológica se han olvidado incluso del cierre de las nucleares, por entender que ahora mismo son fundamentales para aportar inercia al sistema y evitar que caiga.

La prioridad del Gobierno y de los operadores del sistema, como Red Eléctrica, es evitar un nuevo apagón, aunque para ello sea necesario mantener más tiempo la generación nuclear, mientras se busca un sistema que controle la tensión de las renovables.

El problema con el que se encuentra la ministra es que un cambio en el calendario de cierre de las nucleares iría en contra de la agenda 'verde' del Ejecutivo. Además de suponer una afrenta para la parte más a la izquierda de Sumar y Podemos.

Abril (apagón) y octubre son dos meses de transición climática, con menos demanda de energía pero un uso preponderante de generación renovable (eólica y solar). Siempre surgen las temidas oscilaciones de tensión que originaron el apagón.

Las fuentes consultadas en el operador y en las empresas aseguran que los altibajos de primeros de mes fueron fuertes, pero estaban controlados y cubiertos en todo momento con centrales para aportar inercia y energía reactiva.

Pero eso no obsta para que el riesgo de apagón persista. Ese hecho es el que hizo reaccionar de forma contundente a Red Eléctrica la semana pasada para exigir a la CNMC la puesta en marcha cuanto antes del nuevo procedimiento operativo (PO 7.4), que establece controles 'ex ante' en la generación solar.

Era parte del decreto antiapagones que no se pudo aprobar en el Congreso, que se pretendía aprobar por decreto o, simplemente, con una orden ministerial, para que estuviera en marcha el 1 de enero.

La alarma social generada, que desde las compañías eléctricas y los generadores renovables se ha considerado exagerada, no oculta una preocupación que desde los cuadros técnicos del Ministerio se le ha hecho llegar a Sara Aagesen, para que ponga en marcha una revisión de todo el sistema, sin descartar a nadie.

Las fuentes técnicas consultadas aseguran que no se trata de cambiar el calendario de cierre de las nucleares previsto, dado que eso es una decisión política de alto alcance que se toma en otras instancias.

Pero sí de aprovechar la situación para que Aagesen y su cúpula comprueben la validez de la generación nuclear -que Europa considera energía verde- para aportar equilibrio al sistema en las zonas de España donde operan.

En España funcionan en la actualidad siete reactores nucleares, con capacidad para generar 7,4 gigavatios de energía eléctrica, algo más de la cuarta parte del consumo medio.

Aunque su uso se ha visto muy reducido en los últimos meses en el mix eléctrico ante la bajada de precios y la carestía que supone este tipo de producción.

"No es una prioridad"

Ante este panorama, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene que nadar y guardar la ropa. Por un lado, se presiona ante la necesidad de las nucleares en el futuro próximo, y por otro lado, el Gobierno tiene que liderar el mensaje prorrenovable y de emergencia climática frente a la izquierda verde.

Ante esta tesitura, Aagesen está tirando por la calle de en medio. Pese a las cartas que han enviado los propietarios de las nucleares, Iberdrola, Endesa y Naturgy, ya totalmente alineados en su oferta de alargar la vida de las plantas, no se pronuncia.

"Les están diciendo que ahora esa cuestión no es la prioridad para el MITECO, y por tanto, no se van a reunir con ellos para discutir su propuesta".

Ahora la guinda la acaba de poner la Junta de Extremadura. Su presidenta, María Guardiola, ha anunciado que reducirá gradualmente los tipos de gravamen del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, lo que se conoce como la ecotasa. Así que le toca mover ficha al Gobierno central.

Controlar la tensión

El calendario de cierres previsto no se inicia hasta finales de 2027 y se cumple en 2035. El primer grupo en paralizar es Almaraz I, en Cáceres, precisamente la central nuclear más cercana y útil para aportar inercia en donde se producen el origen de las oscilaciones renovables (Extremadura y Andalucía).

Desde el sector se espera que para entonces ya esté comprobado y en marcha el nuevo procedimiento que frenará la entrada de tensión fotovoltaica, pero eso no obsta para reconocer el papel que juegan las nucleares en el conjunto del sistema.

Máxime si tenemos en cuenta que en los dos próximos años debieran entrar en funcionamiento una parte importante de generadores fotovoltaicos, tras cumplir su último hito administrativo. Son la mayoría de los que lograron autorización desde 2020 y están listos para funcionar.

Fuentes del sector aseguran que, con ese escenario, solo con las centrales de ciclo combinado que hay en España no va a ser suficiente para controlar las oscilaciones que se pueden llegar a producir, por lo que es bueno, al menos, replantearse el cierre nuclear.

Desde el ámbito de las renovables recuerdan que el protocolo en marcha y la opción de controlar la tensión antes de que la energía llegue al sistema es la otra gran medida a tomar.

Recuerdan, además, que la situación actual con el recurso a las centrales de fuel y gas para completar la demanda y controlar la tensión, ha generado ingentes ingresos a las eléctricas, dado que marcan un precio mucho más alto en el pool energético que las renovables.

Mientras las presiones entre Ministerio, Redeia, CNMC, productores renovables y grandes eléctricas suben de tono, hay otro vector político a tener en cuenta que puede potenciar el debate de cierre nuclear: las elecciones en Extremadura y Andalucía, el epicentro del apagón.