La desorbitada deuda pública que acumula Francia ha encendido todas las alarmas. Hay quien apunta a que una de las opciones para aliviar la asfixia económica que le queda al Estado es vender su participación en una de las joyas de la corona de las empresas galas: el gigante energético Engie.
La participación del Estado francés en el capital de Engie es del 23,64%, según los últimos datos de este año. Esto le convierte en el mayor accionista individual. Por tanto, influye en las decisiones clave de la compañía.
Con precios de cotización bursátil actual, el monto de venta superaría los 10.500 millones de euros. Supondria un cierto alivio para las arcas públicas, que no consiguen ingresar más de lo que se gasta, si no se siguen endeudando.
Entre los demás accionistas de referencia figuran fondos como The Capital Group Companies (6,37%), BlackRock (4,51%) y CDC (3,63%).
La incertidumbre en torno a esta posible venta alimenta la volatilidad de los mercados. Cualquier anuncio favorable podría tranquilizarlos. Con todo, la idea de una retirada del Gobierno podría aumentar la cautela de los inversores, temiendo una pérdida de apoyo estratégico para la compañía.
Esto supone un foco de tensión que impacta directamente en el precio de las acciones. De hecho, los valores de Engie están en tendencia bajista tras alcanzar su máximo el pasado 3 de julio (20 euros). Desde entonces, han ido cayendo hasta tocar el mínimo de 17,35 euros y los analistas apuntan a un soporte clave de 16 euros.
Políticamente, Engie sigue siendo un actor estratégico por la participación importante del Estado. Con todo, la cuestión de posibles privatizaciones resurge en el debate público como forma de aliviar las finanzas públicas.
Estrategia de Engie
Engie destaca por su solidez financiera, pero también por su especial sensibilidad a los debates políticos franceses.
La cuenta de resultados de los primeros seis meses de este año registró unos beneficios netos atribuidos de 2.923 millones de euros, lo que supone un ascenso del 50,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Y se espera que los ingresos netos recurrentes del grupo se sitúen entre los 4.400 y 5.000 millones de euros a finales de año, con un resultado neto de explotación (Ebit), excluida la energía nuclear, en un rango indicativo de entre los 8.000 y 9.000 millones de euros.
No sólo es el mayor operador de redes de gas de Europa, sino que cuenta con una cartera de proyectos de renovables y baterías a 118 GW a finales de junio de 2025 y participa de la propiedad de centrales nucleares en Francia y Bélgica.
La deuda pública de Francia, a septiembre de 2025, alcanza los 3,3 billones de euros, lo que equivale aproximadamente al 114% del PIB nacional, situándose en el nivel más alto de la zona euro, según XTB.
El déficit fiscal previsto para 2025 es del 5,4% del PIB, después de un 5,8% en 2024, muy por encima del límite marcado por Bruselas.
Francia, al igual que muchos países desarrollados, se enfrenta al problema demográfico del envejecimiento de la población: hay menos trabajadores que pagan impuestos y más personas que cobran la pensión del Estado.
La inestabilidad gubernamental y las dificultades presupuestarias corren el riesgo de alimentar la desconfianza en los mercados financieros y, a su vez, impulsar al alza los tipos de interés.
En los últimos meses, tres primeros ministros franceses han presentado su dimisión. La última, la de Sébastien Lecornu este pasado 6 de octubre. Apenas estuvo 27 días en el cargo.
Tan pronto como se anunció la dimisión del Primer Ministro, el rendimiento del bono a 10 años (OAT) subió al 3,59%, frente al 3,50% anterior. Si bien el aumento es moderado, refleja el nerviosismo del mercado.
Desde el sector financiero español recuerdan que Francia no deja de ser la segunda mayor economía de Europa, muy unida ahora al Ejecutivo alemán y con un reto geostratégico en materia de energía y defensa de gran envergadura.