Cuenta atrás para que se apruebe la orden ministerial que ponga en marcha las esperadas subastas de capacidad. El texto definitivo está en la mesa del Consejo de Estado, y debe ser aprobado con carácter de urgencia (15 días hábiles). Paralelamente también se ha enviado a Bruselas. Por lo tanto, se estima que se podría poner en marcha en unos cuatro meses.
"Europa tiene que dar su visto bueno porque debe reconocer que son ayudas de Estado", señalan fuentes del sector de la agregación de la demanda a EL ESPAÑOL-Invertia. Según la memoria técnica de la orden, a la que ha tenido acceso este diario, se destinarán entre 800 y 900 millones de euros al mercado de capacidad, con un precio de unos 20.000 euros el megavatio (MW).
"Incluso si viene antes la respuesta del Consejo de Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica podría aprobar la orden sujeto al 'ok' de Bruselas", puntualizan fuentes de una gran consultora a este diario.
"En cualquier caso, como lo que el Gobierno ha enviado a Bruselas es lo mismo que ya consultó hace muchos meses atrás, la luz verde de la Comisión Europea debería ser rápida", puntualizan.
Aun así, "no se espera que lleguen antes de final de año, lo más probable es que se convoquen por primera vez en enero de 2026, o como mucho en el primer trimestre".
Mecanismo o mercado de capacidad.
Las subastas de capacidad -la base del mecanismo o mercado de capacidad- se realizan para conseguir una remuneración por parte del Estado o de los consumidores a las instalaciones que garantizan disponibilidad de potencia, independientemente de si producen o no electricidad en cada momento.
No se paga la producción de energía, sino la garantía de que, en momentos críticos de demanda o estrés del sistema, haya suficiente capacidad para evitar cortes o fallos de suministro.
Y al ser una intervención pública que puede distorsionar el mercado y beneficiar económicamente a ciertas empresas o tecnologías, se consideran ayudas de Estado.
Estrés del sistema eléctrico
El documento definitivo enviado a Consejo de Estado y a Bruselas no difiere en mucho del borrador que presentó el Gobierno en diciembre pasado, aunque reafirma la necesidad de contar con tecnologías de respaldo en casos de "estrés del sistema eléctrico", con alusión al apagón general del pasado 28 de abril y a la 'operación reforzada' de Red Eléctrica, el operador del sistema, desde entonces.
"El actual contexto de mercado no permite viabilizar las nuevas inversiones en nuevas tecnologías firmes y flexibles, [...] sigue existiendo un “missing money” (término empleado por la literatura económica para referirse a este fenómeno habitual en los mercados energéticos) que impide el acometimiento de estas inversiones", razona el documento.
Y esto es así, "a pesar de que los ingresos por arbitraje se han venido incrementando en los últimos tiempos por efecto del incremento de la volatilidad en los mercados, y de que se han venido eliminando barreras para que las tecnologías de almacenamiento puedan participar en todos los segmentos de mercado".
Por tanto, el mercado de capacidad es imprescindible "ya no solo desde la perspectiva de la seguridad de suministro, sino desde la propia necesidad de integración de renovables, ya que sin estas tecnologías no resultará posible abordar con éxito los ambiciosos objetivos de renovables a nivel nacional".
Otros países europeos
También explica a Bruselas que hay "muchos de los principales países del entorno" que cuentan "precisamente con un mecanismo de capacidad que permite dar solución eficaz a los problemas de seguridad de suministro ".
Y por si se pudiera echar atrás Bruselas aludiendo a las interconexiones, el documento explica que "si bien la expansión y mejora de las interconexiones (principalmente con Centroeuropa) es una de las principales prioridades de política energética impulsada por el Gobierno, su despliegue real y efectivo requiere por lo general de horizontes de más largo plazo".
Por tanto, "esta no puede ser la solución, al menos en el corto y medio plazo, de los problemas de cobertura" de España.
Pero antes de convocar las subastas, según señala el artículo 6 de la orden ministerial, "el operador del sistema remitirá un análisis nacional de cobertura que permita evaluar el riesgo de déficit de cobertura en el sistema eléctrico peninsular para diferentes horizontes de estudio".
Y "con carácter previo a la aprobación de dicha resolución el operador del sistema remitirá los coeficientes de firmeza y los periodos de prestación del servicio por tecnología de referencia".
También "se elaborará una curva de potencia firme requerida que refleje las necesidades de potencia firme para el horizonte temporal correspondiente a cada modalidad de subasta", según dicta el artículo 9 de dicha orden.
La entidad administradora de la subasta será Red Eléctrica de España (art.17) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), -art. 18-, será la entidad supervisora de la subasta.