El Gobierno da un paso más para ampliar la capacidad instalada de centrales de bombeo hidráulico (grandes almacenes de energía eléctrica utilizando dos embalses situados a diferentes alturas para bombear agua o generar electricidad), al abrir una licitación para contratar servicios de ingeniería y construirlos en embalses de titularidad pública.

Se han seleccionado 23 proyectos de bombeo puro ("prioritarios", según la convocatoria) con una capacidad de almacenamiento de casi 50 GWh y una potencia mayor a 6 GW. Y ocho proyectos de bombeo mixto, con 1,5 GW adicionales. Pero la peculiaridad de este proceso es que serán todos de titularidad estatal, y por tanto, pública.

Serán centrales hidroeléctricas reversibles aprovechando los embalses de la AGE (Administración General del Estado) como depósito inferior, que se utilizarán como 'gigabaterías' para dar respaldo a la red eléctrica.

Se sumarían así a la capacidad instalada de bombeo hidráulico actual que es de 6 GW (3,4 GW de bombeo puro y 2,6 GW de bombeo mixto), distribuidos en 18 centrales.

No se llegaría a tiempo para cumplir los objetivos diseñados en el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) para almacenamiento de energía, pero los sobrepasaría a lo largo de la próxima década. El Plan propone llegar a 2030 a 22,5 GW, de los cuales 3,5 GW adicionales serían de bombeo, 5 GW de termosolar y el resto de baterías (14 GW).

Objetivos para 2030

En la actualización del PNIEC 2023-2030 se introdujo una medida específica para desarrollar nueva capacidad de almacenamiento hidroeléctrico (medida 1.9), que contemplaba como mecanismo de actuación, el estudio del uso de almacenamiento hidroeléctrico en embalses de titularidad estatal.

Y por eso, en julio pasado, la Dirección General del Agua, perteneciente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha sido la encargada de lanzar esta licitación para contratar los servicios de ingeniería y construcción de almacenamiento hidráulico de energía de titularidad pública.

"El desarrollo de estos proyectos estará orientado a apoyar la integración de nuevas instalaciones de generación de energía renovable y a aprovechar las posibilidades que ofrezcan esas reservas de agua en altura para impulsar la consecución de los objetivos de la planificación hidrológica", dice el Pliego de Condiciones.

"Entre esos objetivos se encuentra mejorar la garantía de satisfacción de otras demandas de agua", añade.

Dentro de diez días, el 18 de septiembre, se abrirán las ofertas económicas de las empresas concursantes, que solo se encargarán de los servicios de asistencia técnica para el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE).

Todos los proyectos seleccionados, y cuyo desarrollo se pretende llevar a cabo con la asistencia técnica contratada, se ubican en cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.

El PNAHE

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2021 la Estrategia de Almacenamiento Energético en donde se incluía la necesidad de elaborar un programa nacional.

Y supuestamente el PNAHE está actualmente en fase de borrador. El objetivo es poner en valor los embalses de la Administración General del Estado (AGE) para almacenar energía, y crear un marco general para la utilización de embalses de titularidad estatal para almacenamiento hidráulico.

"Está previsto que la celebración de los concursos sea escalonada, para ordenar el desarrollo de los proyectos priorizando aquellos que cumplan con los objetivos ambientales de las masas de agua y los regímenes de caudales ecológicos fijados en los planes hidrológicos de demarcación", añade la convocatoria.

"Se requiere de un equipo humano especializado con una dedicación tal que sobrepasa los recursos humanos y materiales actualmente existentes en la Dirección General del Agua, siendo por lo tanto necesario recurrir a la contratación de apoyo externo para su consecución", argumenta el Miteco.

El PNIEC pretende reducir los vertidos de energía generada por las renovables del 14% al 6%, principalmente, y para ello, fomenta la construcción de nueva capacidad de almacenamiento.

"Esta potencia, que aporta una mayor capacidad de gestión a la generación, se ve complementada con una penetración escalonada de baterías en el sistema, cuyo objetivo ha de ser la reducción de los vertidos y la maximización de la capacidad de producción de las tecnologías renovables no gestionables", apunta.

La primera etapa del contrato tendrá como objetivo el sometimiento de los proyectos a evaluación ambiental estratégica, y su posterior adaptación, subsanación, o mejora según la declaración dictada por el órgano ambiental.

El plazo general para el desarrollo de los trabajos definidos para este Pliego de Prescripciones Técnicas es de 24 meses, contados a partir de la fecha de formalización del contrato.