Bruselas ha reconocido que los últimos años han puesto de relieve graves vulnerabilidades en los sistemas energéticos europeos.
La guerra en Ucrania, la escalada de precios, los sabotajes y los desafíos derivados de la transición hacia un modelo más descarbonizado han dejado en evidencia los problemas de la actual arquitectura de seguridad energética de la Unión Europea.
Por eso, la Comisión Europea ha iniciado un proceso de revisión normativa y ha lanzado una consulta pública y dirigida con el objetivo de presentar en el primer trimestre de 2026 una propuesta legislativa que refuerce la seguridad energética.
El plan persigue blindar el sistema frente a crisis transfronterizas y proteger a ciudadanos, pymes y servicios esenciales de cortes de suministro y escaladas de precios como las vividas durante la crisis de 2021-2023.
Tal y como asegura Bruselas, la invasión rusa de Ucrania marcó un antes y un después. En 2021, cerca del 40% del gas de la UE procedía de Rusia y en países como Alemania superaba el 55%. Un año después, esas cifras se desplomaron a menos del 10%.
El recorte súbito de suministros disparó los precios mayoristas del gas, que en agosto de 2022 superaron los 300 euros/MWh, y arrastró al alza el coste de la electricidad, forzando paradas industriales, cierres temporales de fábricas y alertas por posibles apagones en invierno.
A esa presión se sumaron amenazas a infraestructuras críticas. El sabotaje a los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, las alertas de actividad sospechosa en cables submarinos en el mar del Norte y el Atlántico, y la falta de capacidad de respuesta rápida de varios Estados miembros revelaron carencias que obligaron a adoptar medidas de emergencia adicionales.
A la vez, la creciente digitalización del sistema energético abrió la puerta a ciberataques cada vez más frecuentes.
De hecho, en 2024 los ciberataques a infraestructuras esenciales españolas aumentaron un 43%, afectando principalmente al sector energético, que concentra un 9% de estos ataques, según el último análisis de la x63 Unit, perteneciente a la división de ciberseguridad del Grupo Prosegur.
Bruselas también ha identificado que la cooperación transfronteriza en energía es un problema.
La transición energética plantea, además, retos adicionales. Entre 2020 y 2024 la capacidad instalada de renovables ha experimentado un fuerte crecimiento, pero la adaptación de las redes y los sistemas de respaldo no avanzó al mismo ritmo, lo que dificulta cubrir picos de demanda o periodos prolongados de baja producción.
La infraestructura para hidrógeno verde sigue en fase piloto y representaba en 2024 menos del 1% de la capacidad total.
Mientras tanto, la previsión de que la demanda de gas caiga un 30% de aquí a 2030 obliga a rediseñar los mecanismos de seguridad.
Proceso de consulta
El análisis preliminar de Bruselas ha identificado deficiencias estructurales: falta de preparación operativa ante grandes shocks de suministro, escasa interacción entre los marcos de gas y electricidad, una cooperación transfronteriza todavía limitada, amenazas híbridas crecientes y persistentes dependencias energéticas que comprometen la seguridad del bloque.
“El riesgo de interrupciones o apagones no se limita a fronteras nacionales y podría afectar directa o indirectamente a varios Estados miembros”, recordó la Comisión en su informe.
Para corregir estas debilidades, el Ejecutivo comunitario estudia varias vías de reforma, que van desde una simplificación de la normativa vigente hasta la creación de un único reglamento para gas, electricidad e hidrógeno o un sistema de gestión más centralizado a escala europea.
El proceso de consulta se prolongará durante 2025 e incluirá reuniones con grupos de expertos, una sesión conjunta con la OTAN en la Semana Sostenible de la UE en junio y un taller en Bruselas en septiembre.
Con ello, la Comisión pretende recoger aportaciones que permitan diseñar un sistema robusto y resiliente frente a los riesgos geopolíticos, climáticos y tecnológicos que marcarán el futuro energético de Europa.