La industria eólica de Galicia vuelve a respirar tras años de bloqueo judicial. Este viernes, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) devuelve la confianza al sector y pone fin a una parálisis sin precedentes que bloquea inversiones por valor de 2.500 millones de euros.
El fallo de la Justicia europea respalda los procedimientos empleados en Galicia para autorizar parques eólicos, lo que, según Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), “permite retomar con urgencia la senda del desarrollo eólico”.
Galicia ha sido una región pionera y referente en Europa en el impulso de proyectos eólicos, atrayendo el interés de numerosos promotores nacionales e internacionales.
Sin embargo, la rápida expansión de estos parques generó rechazo en plataformas vecinales y organizaciones ecologistas, que alertaron sobre el impacto ambiental y social en un territorio con gran riqueza natural y alta dispersión rural.
Asociaciones como Adega incluso impulsaron campañas para financiar demandas y recursos contra las autorizaciones administrativas, denunciando supuestos incumplimientos ambientales, falta de transparencia y deficiencias en los procesos de participación pública.
En 2022, el sector eólico gallego sufrió un golpe decisivo. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) adoptó una postura especialmente estricta, suspendiendo de forma cautelar decenas de proyectos, al considerar que la Xunta no garantizaba plenamente la participación pública exigida por la normativa europea.
El tribunal exigía que los informes sectoriales -sobre aguas, patrimonio, salud o medio ambiente- estuvieran disponibles para que cualquier ciudadano pudiera presentar alegaciones incluso después de su emisión, algo que no siempre ocurría.
Esta interpretación provocó un bloqueo sin precedentes: cerca de 92 proyectos están actualmente paralizados, con una potencia acumulada de 2.500 megavatios (MW) y una inversión estimada de 2.500 millones de euros.
Según la patronal eólica, “nunca antes un sector industrial estratégico había sido paralizado con esta magnitud y duración en España”. Las consecuencias son notables: en los últimos cinco años, Galicia apenas instaló 171 MW, frente a los más de 6.000 que se sumaron en el conjunto del país.
Para aclarar el alcance de la normativa comunitaria, el TSXG elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que finalmente ha resuelto que la ley europea exige una participación pública temprana y efectiva, pero no tras cada informe técnico.
Con este pronunciamiento, el TJUE respalda la tramitación ambiental realizada por la Xunta y allana el camino para desbloquear los proyectos en curso.
La sentencia ha sido recibida con alivio por el sector, que la considera un punto de inflexión. “El coste de esta parálisis estructural ha sido enorme, no sólo para las empresas, sino también para la economía gallega y el desarrollo del medio rural”, advierte la Asociación Empresarial Eólica.
Desde la patronal apelan ahora al TSXG para que agilice la reactivación de los expedientes afectados y resuelva los procedimientos pendientes con celeridad, recordando que la legislación europea otorga a las energías renovables el carácter de interés público superior.
“Es crucial que no vuelvan a prevalecer interpretaciones excesivamente restrictivas del marco legal, que hasta ahora han llevado a aplicar el principio de precaución por encima del interés común de avanzar en la transición energética”, concluyen.
Galicia cuenta hoy con 186 parques eólicos con una potencia total de 3.920 MW (12,9% de la potencia eólica en España), que han generado 8.636 GWh (cuarta comunidad autónoma en el ranking por generación eólica).