El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia clave que respalda los procedimientos empleados en Galicia para autorizar parques eólicos, desbloqueando así cerca de un centenar de proyectos que permanecían paralizados.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) planteó una triple cuestión prejudicial al TJUE.
La pregunta era si la Xunta debía poner a disposición del público interesado los informes sectoriales sobre parques eólicos.
No sólo para los promotores, sino para que cualquier interesado pudiera formular alegaciones. La consulta buscaba aclarar si esta participación debía ocurrir antes de aprobar los proyectos.
Esos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, de salud, de energía eléctrica y de seguridad aérea, entre otros.
Este viernes, el TJUE dictó sentencia sobre la Directiva de evaluación ambiental, declarando que no es contrario a la normativa de un Estado miembro que las autoridades afectadas por un proyecto, por sus competencias ambientales o locales, sean consultadas junto con el público interesado durante el proceso de evaluación ambiental.
Todo ello "sin que este último esté facultado posteriormente para presentar a la autoridad o autoridades competentes para autorizar dicho proyecto sus observaciones y comentarios sobre los dictámenes emitidos por las autoridades consultadas en ese contexto".
El Tribunal de Justicia recuerda que dicha directiva establece que la participación del público debe ser efectiva y producirse en una fase temprana del procedimiento, antes de que se adopte la decisión sobre el proyecto, cuando todavía todas las opciones están abiertas.
Sin embargo, no exige que la consulta al público tenga lugar después de la de las autoridades ni que este pueda necesariamente formular observaciones sobre los informes emitidos por estas.
Agilizar recursos pendientes
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), representante del sector eólico español, ha valorado muy positivamente el fallo, que confirma que los mecanismos de evaluación ambiental y participación pública aplicados en Galicia son compatibles con la normativa comunitaria.
Según la AEE, esta resolución debe ser un punto de inflexión para recuperar el ritmo de desarrollo eólico en una región con gran potencial renovable, pero que ha quedado rezagada frente al conjunto de España.
Desde la AEE alertan que la paralización de estos proyectos ha provocado un fuerte impacto económico y social, afectando a las inversiones ya comprometidas, la creación de empleo en zonas rurales y el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización.
La asociación hace un llamamiento urgente al Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) para que agilice la resolución de los recursos pendientes y permita reactivar el sector con rapidez.
"Esta resolución devuelve la confianza a los promotores, refuerza la credibilidad del marco legal y nos permite retomar con urgencia la senda del desarrollo eólico en Galicia", ha asegurado Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.
"No hablamos solo de energía competitiva, hablamos de empleo cualificado, industria de valor añadido, mejora del entorno rural, cohesión territorial y cumplimiento de compromisos climáticos. Ahora toca actuar con rapidez y responsabilidad para que los proyectos hasta ahora paralizados retomen lo antes posible su actividad", ha apuntado.
Galicia cuenta actualmente con 186 parques eólicos, con una potencia total de 3.920 MW, pero solo ha instalado 171 MW en los últimos cinco años, frente a los 6.000 MW del conjunto de España. Actualmente, 92 parques, equivalentes a unos 2.500 MW, siguen paralizados por recursos judiciales.