El Gobierno acaba de aprobar un nuevo Real Decreto Ley con un paquete de medidas para ampliar la protección de los consumidores domésticos vulnerables e industriales. El objetivo es favorecer la estabilidad y competitividad de la economía y evitar que los hogares con pobreza energética no puedan calentar su casa este invierno.
Para ello, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que se ampliará la cobertura del escudo social tanto en el bono eléctrico como en el del gas.
"Se alarga la prohibición del corte de suministro básico hasta el 31 de marzo de 2022 y los 1,2 millones de hogares vulnerables tendrán una cobertura del 60% del precio de la luz". Por tanto, se amplía desde el 25% actual.
Los hogares vulnerables extremos también amplían su cobertura. "Desde el 40% que tenían hasta ahora al 70% de su consumo". Las comercializadoras de referencia, que son las únicas que pueden proporcionar electricidad a este segmento, se harán cargo de esos costes.
Bono social del gas
En el caso de los hogares vulnerables, aquellos que tengan un contrato con una comercializadora gasista, "dispondrán de un dinero extra, en concreto de un cheque de 90 euros mensuales para su calefacción, que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está trabajando para que esté disponible ya este mes de diciembre".
El objetivo, según la ministra, es dar un mayor volumen de protección y que nadie pase frío o le falte la electricidad durante los meses más duros del invierno y ante una crisis energética que durará varios meses.
Industria y eléctricas
El segundo bloque de medidas recogidas en esta nueva normativa tiene como objetivo aclarar y dar transparencia al Real Decreto Ley 17/2021 aprobado el pasado 14 de septiembre en relación a la minoración de la retribución de las grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola.
"Solo tendrán que minorar la retribución quienes hayan incorporado a los contratos beneficios extraordinarios del precio del gas", ha dicho la vicepresidenta tercera.
"Quedan exentos los contratos a plazo y precio fijo previo al 16 de septiembre y los nuevos contratos a precio fijo y si tienen indexado al precio de mercado, se minorará la parte proporcional", ha puntualizado.
Se establece, por tanto, la obligación de que los productores y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC acerca de los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial o con terceros. Al menos, deberán facilitar la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectado, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado.
"Se reforzará la capacidad de supervisión sobre los mecanismos de formación de precios tanto en contratos intragrupo como con terceros, incluida la cobertura financiera", ha puntualizado.
Los productores susceptibles de ser afectados por la minoración tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en la nueva norma. La inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Pero lo más importante es que "se buscará incentivos para que la industria contrate a precio fijo la electricidad".
Transparencia en minoristas
Por último, también se reforzarán los mecanismos de transparencia en los mercados minoristas. "Las comercializadoras estarán obligadas a informar sobre las condiciones de los contratos y tarifas con un formato común, y a sus clientes, informar con un mes de antelación de cualquier modificación de sus contratos".
Por otro lado, deberán remitir a la CNMC la información transparente y actualizada de las ofertas disponibles.
Por último, el Gobierno "acompañará a los consumidores de gas industrial y protegerá a las comercializadoras independientes que tienen problemas de liquidez para hacer frente a las garantías de las autoridades reguladoras". Por eso, "se rebajarán los plazos y las obligaciones para evitar más presiones en un sector que vive una situación muy complicada".
Esta normativa se completará "en los próximos meses con nuevas medidas", ha concluido la ministra.