Y visto el enfado de las grandes eléctricas, podría ser así. Para su patronal, aelec, son "medidas intervencionistas" y considera muy injusto penalizar a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización.

De esas medidas, hay dos que podrían terminar en los tribunales y son las que apuntan directamente a la línea de flotación de las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.

La primera va dirigida a la 'retribución sobrevenida' que se observa en las grandes eléctricas. "Aquellas tecnologías que no tienen que soportar los altos precios de la materia prima y además no son emisores, es decir, nuclear, gran hidráulica y parques renovables 'a merchant', estarán sujetos a esta normativa", señala el Gobierno.

Su objetivo es minorar los ingresos de estas centrales por la elevada cotización del gas, y con los niveles actuales, podrían recuperarse unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022.

La segunda es crear unas subastas de electricidad a largo plazo y obligar a estas grandes compañías a vender 15.830 GWh de su producción (el 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020).

Procesos judiciales

"Las eléctricas están acostumbradas a pelearse en los tribunales con el Estado", explica a Invertia María de la Torre, experta legal en Gobernanza y socia directora de Governance & Compliance. De hecho, "es consustancial a su negocio, pero son negocios regulados por el BOE, con determinadas condiciones, y lo que ha propuesto el Gobierno, en esta ocasión, no está mal planteado".

De hecho, la ministra Ribera ha defendido que detraer los beneficios extraordinarios a las compañías eléctricas para abaratar la luz es un mecanismo "compatible" con el derecho europeo.

Aún así, la abogada experta en Gobernanza reconoce que "hay límites y seguro que los equipos jurídicos de las compañías eléctricas mirarán con lupa las posibles injerencias que se puedan cometer. No se puede meter la mano en una empresa privada de cualquier manera", asegura la abogada.

No sería la primera vez que el Estado pierde un juicio contra las eléctricas. Hace 6 años, el Gobierno, entonces del PP, aprobó un canon hidráulico (retroactivo a 2013) y ahora una sentencia del Tribunal Supremo obliga a devolver a las compañías 1.000 millones. Otro ejemplo es el recorte a las renovables (también con carácter retroactivo de 2013) que provocó innumerables demandas ante las Cortes de Arbitraje Internacional por más de 9.950 millones de euros. Pero hay muchos más. 

"Las batallas judiciales largas siempre benefician a los que las plantean, porque los gobiernos son alternantes. Otra cosa es que las eléctricas tienen capacidad de autorregulación, y ante esta decisión política y la 'pena de banquillo' que arrastran estos meses de atrás, no quieran añadir más leña al clamor nacional". 

Objetivo cumplido, bajará la luz

"Solo se podía reducir la factura de 2021 como la de 2018 si el Gobierno tocaba los costes, y lo ha hecho. Los ha reducido en un 96%. Así que sí, cumplirá con su objetivo", explica por su parte Francisco Valverde, experto en el mercado eléctrico y consultor en el área de Renovables en Soluciones Inteligentes de Eficiencia Energética del Grupo Menta.

"Es la parte más importante del sistema, y como las curvas mayoristas son muy planas en estos meses de atrás, (baja muy poquito solo con la fotovoltaica), a partir de ahora, apenas se notará diferencia si se consume en periodo valle o punta", añade.

Las medidas de urgencia del equipo de Teresa Ribera pueden funcionar. "Si la carga fiscal la reduces y además, todos los cargos relacionados con las renovables, los costes extrapeninsulares, etc., las cuentas salen", añade el experto.

Lo único que falta por ver es qué ocurre con las subastas de electricidad. "Resultará interesante saber si se puede obligar a una empresa privada a que saque del mercado liberalizado, del mercado mayorista, parte de su producción porque lo decida el Gobierno", concluye Valverde.