La industria nuclear no puede más. Después de años pidiendo una rebaja fiscal, porque los impuestos ahogaban sus beneficios, ahora la ley que se está tramitando en el Congreso, conocida como 'dividendos del CO2', le pone la puntilla. 

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Eso es lo que han afirmado en un comunicado de Foro Nuclear, la patronal que representa a las siete centrales que existen en España. 

El proyecto de Ley tiene como finalidad minorar el precio del CO2 de la retribución de aquellas instalaciones que se pusieron en servicio antes del 25 de octubre de 2003, previamente al establecimiento por parte de la Unión Europea del mercado de derechos de emisión de CO2.

Foro Nuclear defiende que "las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha."

Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes.

Presión fiscal

La industria nuclear clama por la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (conjuntamente pueden superar los 30 €/MWh). Todo ello se une a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035.

"En un entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde al año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero, nos conducirían a su inviabilidad económico-financiera y nos abocarían al cese anticipado de la actividad", aseguran.

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear".

"También, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista".

"Impediría igualmente el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año”.

Respuesta del Gobierno

Ante esta amenaza de cierre, el Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que la minoración de CO2 tiene un suelo de 20 euros por tonelada de CO2, que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019.

Por lo tanto no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían cuando lo firmaron. Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada.

El proyecto de Ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la CNMC, del Consejo de Estado y es conforme a derecho nacional y europeo. Además el sistema coincide con un mecanismo que el TJUE ya avaló.

El mecanismo de minoración replica el sistema implantado entre 2007 y 2009 en virtud de los RDL 3/2006 y 11/2007, que fue validado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Además, se han aumentado las garantías al incorporar las recomendaciones de la CNMC y el Consejo de Estado.

El cierre de las centrales, por otro lado, tiene que aprobarlo el operador del sistema, REE, considerando criterios de seguridad del sistema.