La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sugerido la posibilidad de crear una empresa pública para gestionar las centrales hidroeléctricas una vez que vayan finalizando sus concesiones, con el fin de poder reducir la tarifa de la luz. Este viernes marcará su quinto récord consecutivo.

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En este sentido, Ribera abrió la puerta a "disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".

Pese a todo, reconoce que la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista no tiene un gran impacto sobre los consumidores domésticos.

"La escalada de los precios mayoristas es enormemente aparatosa y tremenda, pero no tiene una traducción igualmente aparatosa y tan tremenda en la factura de los consumidores domésticos y, a pesar de todo, en algunos sí tiene un impacto y eso es lo que explica por qué hemos suspendido toda la parte fiscal y por qué estamos aplicando ya fórmulas que reducen el otro tercio de nuestra factura, que son los peajes y cargos", ha señalado Ribera.

Ribera, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha afirmado que el Gobierno "está haciendo y busca cómo seguir haciendo" para rebajar la factura de la luz, pero ha insistido en que hay factores que no dependen de él, como los precios del CO2 y del gas.

Preguntada por si tiene previsto adoptar medidas inmediatas para reducir el precio de la luz, la vicepresidenta ha incidido que ya se han tomado medidas para reducir el impacto fiscal de la factura y que en eso es en lo que sigue centrado el Gobierno en el corto plazo.

Insistida sobre si no se puede hacer nada para rebajar el precio en el mercado mayorista, Ribera ha respondido: "Bueno, podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas en el mercado europeo o podemos intentar convencer a la Comisión Europea de que introduzca una medida intervencionista en los mercados de CO2. Pero eso no es realista".

Al mismo tiempo, Ribera ha respondido a las intenciones de Podemos de movilizarse en la calle para protestar por el alza de los precios de la luz: "Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra la subida del petróleo. Esto no se resuelve con una movilización en la calle", ha señalado la vicepresidenta.

Hasta 2022

Cabe recordar que el Gobierno aprobó la reducción del IVA del 21% al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW. También se puso en marcha una suspensión temporal, en el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Sin embargo, los expertos consultados por Invertia coinciden en que los precios altos de las materias primas se mantendrán hasta al menos finales de este año, con lo que hasta 2022 la luz seguirá en máximos históricos y, por tanto, la factura que pagan los consumidores seguirá rondando precios de récord en todo lo que queda de 2021.

Pulso de las eléctricas

Preguntada por si tiene la sensación de que las eléctricas están "echando un pulso" al Gobierno, Ribera ha afirmado que el marco regulatorio europeo incentiva que estas compañías hagan ofertas al 'pool' eléctrico. De esta manera, interiorizan el coste de oportunidad del CO2 y del gas natural.

"Eso es legal, es compatible con el marco europeo y es lo que queremos quebrar o hacer de otra manera, pero es correcto desde el punto de vista jurídico europeo", ha apuntado.

Otras opciones que pueden explicar lo que ocurre, ha añadido Ribera, es que las eléctricas saben que se está tramitando en el Congreso el anteproyecto de ley que reducirá sus beneficios del coste de CO2, que repercuten directamente en la cuenta de resultados de las empresas eléctricas que tienen plantas más antiguas.

"A mí no me consta que nos estén echando un pulso, pero tampoco lo dicen abiertamente. Pero nosotros debemos regular en favor del consumidor y de la economía española con independencia de la legítima posición de las compañías eléctricas", ha subrayado.