El sector eléctrico ha considerado que el anteproyecto de Ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras (hidráulicas y nucleares) como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión "va en contra del derecho comunitario" y supone "una intervención" del mercado.

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La decisión del Gobierno ha sentado como un jarro de agua fría a las eléctricas que más dependen de las centrales nucleares, y que una reducción de sus ingresos les podrían empujar a un adelanto de su cierre. 

Esas centrales nucleares en España son propiedad de las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, aunque es a Endesa a quién más le afecta esta decisión ya que es el mayor productor de energía nuclear del país.

Intervención del mercado

Fuentes del mercado han indicado a Invertia que el mecanismo que pretende aprobar el Gobierno, autorizado por tramitación urgente para intentar que pueda ser aplicado en este año, representa "una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años".

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación de este anteproyecto de ley con el que reducir los llamados 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits') de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.

En concreto, el mecanismo pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios del CO2 repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en "las cuentas de resultados de las empresas". "Es legítimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles", dijo.

Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos.

Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado 'fondo verde' es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.