Las gasolineras automáticas se han postulado como una opción segura para el abastecimiento de carburante. Lo demostraron durante la pandemia por el coronavirus durante las 24 horas del día en muchos puntos de la geografía española, pero hay ayuntamientos que se resisten a instalar una en su territorio.

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Eso es lo que denuncia Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que asegura que muchos municipios están poniendo trabas burocráticas para nuevas estaciones de servicio.

"Comenzamos con barreras a nivel nacional y luego a nivel de las comunidades" explica a Invertia Manuel Jiménez. "La legislación nacional y autonómica fueron eliminando las trabas porque nuestro sector y la opinión pública ha ido cambiando también a fuerza de que han ido conociendo este modelo de negocio".

Sin embargo, señala que ha sido también por el gran esfuerzo de llevar este negocio, darlo a conocer y defender sus derechos a la Comisión Europea, "porque entendíamos que esas barreras y normativas lo que hacían era poner trabas al modelo".

En 2018, la Comisión Europea "exigió tanto al Estado español y a las comunidades autónomas a través del Estado español el cambio de sus legislaciones". 

"Una de las principales razones para oponerse a la instalación de nuevas estaciones de servicio automáticas casi genérica en todas las comunidades autónomas ha sido la de incluir obligatoriamente personal. Cuando la Comisión pidió explicaciones, ninguna podía dar motivación", señala.

La función de la Unión Europea es permitir el libre mercado, y por tanto, "estaba en su obligación exigir motivación y si no la hubiera, levantar esas trabas. Y las legislaciones de una comunidad tras otra fueron cayendo". 

Estación de servcio automática

Los ayuntamientos, el escollo

Desde su implantación en nuestro país en 2013, el modelo de estación de servicio automática ha constituido una alternativa a las estaciones tradicionales, proporcionando un servicio eficiente, seguro y con un precio competitivo gracias a no necesitar personal de atención al público, disponer de menor superficie y poder establecer los precios al margen de los grandes operadores de carburantes.

Un modelo que en España cuenta con un 10% de cuota de mercado pero que tiene en Europa una fuerte presencia, llegando a alcanzar en algunos países más del 60 % del mercado.

Pero no le deja crecer en muchos ayuntamientos. "Muchos gobiernos municipales se sienten en la prerrogativa de crear unas normas o unas ordenanzas que las modifican para que, de una forma indirecta, se evite que nos establezcamos en los municipios. Y ahí la Comisión Europea tiene más complicado oponerse".

"Son decisiones locales que se amparan en su derecho, pero ¿cómo se va a solventar esta cuestión? Ahí está la cuestión, porque el perjudicado es el ciudadano, el usuario del automóvil, que en su población no tiene competencia".

Una estación de servicio de Ballenoil.

Normativa estatal

AESAE tiene claro que es necesario unificar toda la normativa municipal para que no haya discrecionalidad en las decisiones de cada uno de los más de 8.000 municipios de España. 

"Desde la asociación pedimos que haya una normativa estatal que establezca una homogeneidad en todos los municipios. El supuesto derecho de los municipios permite imponer restricciones a un modelo de negocio o a una estación de servicio que no tiene competencia y que, por tanto, debe permitirse la licencia".

Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que se encuentran estas gasolineras automáticas con ese rechazo? "Pues porque consideran que no se crea empleo o porque tienen, a lo mejor, presiones por parte de algún oligopolio", añade el presidente de esta asociación.

En cualquier caso, "nos tenemos que basar en la documentación que recibimos. Si las intenciones son personales o subjetivas, si no se conocen las intenciones de la decisión habrá que basarse en los hechos y valorarlos", explica. 

Actualmente AESAE tiene abiertos contenciosos con aproximadamente diez municipios."Algunos de ellos relevantes, como con Alicante, Santander y otros municipios importantes".

"El problema es que iniciar un litigio judicial lleva muchos años, pleitos y hay que pagarlos", y asegura que "evidentemente el primero que paga es el ciudadano que no tiene cómplices y que por tanto va a tener que pagar el carburante más caro".