En el marco del plan, el Ejecutivo ha decidido finalmente destinar 3.000 millones de euros a reestructuraciones de la deuda avalada por el Estado, pero en la decisión de cómo llegarán estas ayudas a las pymes tendrá mucho que decir el sector financiero.

Durante las semanas de diálogo que ha mantenido con el Gobierno, la banca siempre ha destacado que su conocimiento sobre la posición de solvencia de sus clientes es la mejor herramienta para asignar las reestructuraciones con mayor eficiencia.

Finalmente, el Gobierno ha decidido depositar en el sector la responsabilidad de analizar qué clientes necesitarán que se les aplique una quita de deuda u otro tipo de medida, algo que desde la banca acogen con satisfacción a pesar de que, según reconocen fuentes financieras a Invertia, sitúa en ella "el foco".

La normativa aprobada el viernes permite a los bancos extender el plazo de vencimiento de los créditos con aval del Estado, que actualmente es de ocho años, pero también convertir estos préstamos en participativos, una vía a caballo entre la inyección de capital y la financiación. Se trata, en definitiva, de créditos con un interés variable ligado a la marcha de la empresa y otro fijo que se establece cuando se concede la financiación.

Un nuevo Consejo de Ministros

El plan también contempla quitas de deuda o, como las ha dado a conocer el Gobierno, "ayudas directas para reducir la financiación con aval público", al menos "como medida de último recurso", según explicó Nadia Calviño, vicepresidenta económica, tras el Consejo de Ministros extraordinario del viernes en el que se dio a luz a este paquete de ayudas.

Los criterios para optar a estas "ayudas" o reducciones de deuda se establecerán en un acuerdo que aún debe aprobar el Consejo de Ministros, concretamente a través de un código de buenas prácticas similar al que ya existe para las deudas hipotecarias, al que los bancos podrán adherirse voluntariamente. Los detalles de las condiciones que establezca este código serán determinantes para que la banca conozca realmente el impacto de esta medida en sus cuentas.

En todo caso, lo que sí se conoce ya es que estas quitas serán asumidas pari passu entre el Estado y la banca siguiendo el esquema de protección utilizado para los avales del Intituto de Crédito Oficial (ICO). Es decir, el Estado deberá asumir entre un 60% y un 80% de la pérdida que genere la quita y la banca el resto.

Por el momento, la banca asume con cautela este plan a la espera de los detalles que el Gobierno deberá fijar en unos días, en los que el sector podrá conocer exactamente cuál es su papel. En todo caso, es un plan "mejor del que se podía esperar", como reconocen a Invertia varias fuentes del sector.

No en vano, durante las dos semanas que han pasado desde que Pedro Sánchez anunciara en el Congreso la puesta en marcha de este paquete de ayudas (sin dar entonces detalle alguno sobre el mismo) el sector financiero ha mantenido un diálogo constante en el que la tensión con el Ejecutivo ha ido variando en función de los objetivos.

Desde el principio, el Gobierno tenía en mente que el paquete de ayudas debía ir destinado a reforzar la solvencia de las empresas más afectadas por la pandemia, principalmente las pertenecientes al sector de la hostelería y el comercio, y la posibilidad de imponer quitas ha estado sobre la mesa en todo momento.

Quitas generalizadas

De hecho, llegaron a plantearse reducciones de la deuda generalizadas para las empresas beneficiarias de los créditos con aval del Estado que han canalizado los bancos y el ICO. Esta iniciativa se ganó la oposición frontal de la banca, que temía un ingente aumento de su necesidad de provisiones.

El temor se basaba en que cuando a un deudor se le aplica una quita pasa a ser considerado a los ojos del sistema financiero como un moroso, como exige la regulación, algo que tendría, principalmente, dos consecuencias. En primer lugar, que para ese cliente sería más difícil solicitar un crédito después por su condición de moroso. En segundo, que los bancos deberían aumentar sus provisiones al ver ampliada la presencia de morosos en sus balances.

Además, el sector consideraba que la medida habría supuesto una desventaja competitiva para todas aquellas empresas que decidieron tirar de recursos propios para afrontar el golpe económico, evitando endeudarse, y para las que no lograron ser beneficiarias de un aval del Estado en los llamados créditos ICO.

Calviño destacó el viernes durante la presentación del plan que su diseño responde a la necesidad de salvar a las pymes, pero también a la de preservar la estabilidad financiera. La banca, por su parte, esperará a conocer los detalles del código de buenas prácticas para llegar a la misma conclusión.