Que ‘el café para todos’ que la banca criticaba con el veto al dividendo no se imponga también en las posibles quitas que el Gobierno baraja para los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esa es la línea roja que el sector no está dispuesto a cruzar en las negociaciones para desarrollar las ayudas directas que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha en el mes de marzo.

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Así lo anunció esta semana la ministra de Economía Nadia Calviño, evidenciando que las negociaciones están bien encarriladas. Fuentes financieras confirman que las posturas entre las partes están completamente alineadas en la necesidad de ‘rescatar’ a las empresas golpeadas por la crisis.

Pero esa posibilidad de aplicar quitas no ha gustado, ni mucho menos, a los bancos. Sobre todo porque no es una fórmula que se esté empleando como solución prioritaria en otros países, donde se ha apostado más por las inyecciones directas.  

Las fuentes consultadas indican que las entidades temen que una aplicación "indiscriminada" sobre los préstamos con garantía pública acabe suponiendo un quebranto para el sector, al tener que asumir las pérdidas que les corresponderían por la parte no avalada de los préstamos.

"No podemos desvestir un santo para vestir a otro", aseguraba hace unos días el presidente de la Asociación Bancaria Española, José María Roldán, recordando que "tenemos que preservar la fortaleza de un sector bancario que vamos a necesitar en la recuperación económica".

La decisión aún no está tomada. Pero el fin de las negociaciones está cerca y los expertos reconocen que sería lógico que el Gobierno de coalición intente ‘tirar’ de ese hilo de alguna forma. Primero, porque sería una medida más dentro del paquete de ayudas que prepara. Y segundo, y no menos importante, porque reforzaría el mensaje de ‘salvamos a las empresas y no a la banca’.

Para intentar 'convencer' al sector, el Gobierno habría puesto sobre la mesa una especie de compensación que garantice a los bancos el cobro a través de bonos o activos fiscales diferidos. Pero desde la AEB ya se han pronunciado recordando que esos activos fiscales se deducen del capital regulatorio, por lo que no sería la mejor opción.

¿Miedo a una crisis financiera?

Está claro. La banca no quiere quitas como solución prioritaria. Y argumentan que este tipo de medidas “son el día a día en la gestión de una entidad financiera”. Es decir, el sector no se opone frontalmente a la aplicación de quitas si lo consideran necesario una vez analizado el problema que presente una empresa en concreto. Ya es algo que hacen en su operativa habitual. Pero su línea roja está en que esa condonación se aplique de manera indiscriminada.

Consideran, además, que aplicar este tipo de medidas discriminaría a empresas que en los últimos meses sí han podido hacer un esfuerzo con sus recursos propios y están menos endeudadas, aunque ahora necesitan ayudas. Y también a otras con otro tipo de préstamos. Al fin y al cabo, los créditos avalados durante la crisis, en los que la banca asume hasta el 20% del riesgo en el caso de las pequeñas empresas, solo representan el 20% del crédito total concedido en el periodo, según datos de la CEOE.

Desde el sector abogan, en este sentido, por una apuesta más contundente por las inyecciones de capital y otras fórmulas como los préstamos participativos para las empresas de mayor tamaño, o la ampliación de plazos de carencia o de devolución de para las pymes y autónomos, como se hará a partir de marzo. “Pero ¿quién va a querer ampliar plazos si lo que te ofrecen es una quita?”, advierten fuentes consultadas.

Una cuestión de tamaño

En el sector bancario también existe la duda de cómo se gestionarán esas quitas, además de otras medidas para reestructurar deuda, ante factores tan simples pero fundamentales en el proceso como el propio tamaño de las empresas que conforman el tejido productivo español.

Es decir. Los análisis de rating habituales para determinar este tipo de procesos no sirven para una microempresa o un autónomo, que son precisamente los que más necesitan del plan que prepara el Gobierno junto al Banco de España y las entidades. Las cifras son contundentes. Según un reciente análisis publicado por Antonio Carrascosa, ex director general del FROB, en 2019 (datos del INE) 45.082 empresas españolas tenían entre 20 y 49 empleados, y 19.283, entre 50 y 199 empleados. Pues bien, con menos de cinco empleados había, aproximadamente, 1.200.000 empresas.

"Hemos visto que, en general, hay muchas operaciones avaladas con un importe unitario relativamente educido, lo que lleva consigo un elevado coste de gestión administrativa", explica el experto. “Partiendo de esa situación, si resultara necesario renegociar, por ejemplo, un 10% de las operaciones crediticias avaladas por el ICO, esto significa que habría que renegociar más de 100.000 operaciones en un corto espacio de tiempo, lo que requiere una capacidad de decisión que superará con creces las actualmente disponibles en las entidades financieras”, añade.

En todo caso, todos coinciden en que los bancos son los que conocen de primera mano las dificultades de sus clientes y, por lo tanto, las mejores alternativas e instrumentos para reestructurar la deuda en cada caso. Y en este sentido, las quitas no han sido siempre la mejor opción.