El 27 de mayo de  2015, la Unión Europea y Suiza firmaban un acuerdo histórico de transparencia tributaria. Las dos partes se comprometían a intercambiar automáticamente toda la información de las cuentas bancarias de sus residentes respectivos a partir de 2018. Era el final del secreto bancario en Suiza, un país con reputación centenaria acreditada como paraíso fiscal facilitador de la evasión fiscal y de la circulación de dinero ilícito.

"El acuerdo inicia una nueva era de transparencia y cooperación tributaria entre la UE y Suiza. Supone un golpe adicional contra los evasores fiscales y un salto adelante hacia una fiscalidad más justa en Europa", proclamó el entonces comisario de Asuntos Económicos y Fiscalidad, el socialista francés Pierre Moscovici.

En el marco de este acuerdo entre la UE y Suiza, España (al igual que el resto de Estados miembros) recibe desde 2018 una vez al año el nombre, la dirección, el número de identificación fiscal y la fecha de nacimiento de sus residentes con cuentas en Suiza, así como información sobre el balance y la situación financiera de estas cuentas. 

Esta transparencia tributaria permite a los Estados miembros localizar fácilmente y combatir a los defraudadores fiscales. Además, actúa como mecanismo disuasorio contra todos aquellos que pretenden esconder propiedades y activos financieros en el extranjero para evadir impuestos.

La UE inició la batalla contra el secreto bancario a finales de los años 90. En aquel momento, el principal problema es que albergaba un gran número de paraísos fiscales entre sus Estados miembros. La directiva sobre la fiscalidad del ahorro, propuesta por Bruselas en 2001 y aprobada por los Gobiernos de la UE dos años más tarde, ya establece el principio de intercambio automático de información entre los Estados miembros.

Sin embargo, permitía mantener el secreto bancario a cambio de aplicar un tipo de interés mínimo del 15% a los ahorros de los evasores, una excepción a la que se acogieron hasta el final Bélgica, Austria y Luxemburgo. Los tres Estados miembros sostenían que no tenía sentido apostar por la transparencia fiscal si no hacían lo propio otros paraísos fiscales vecinos como Suiza, Lichtenstein, Mónaco y Andorra.

Tras muchos años de discusiones infructuosas para acabar con el secreto bancario en la UE, el que lo cambió todo fue el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo hizo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2010 y que entró en vigor tres años más tarde. 

FATCA obligaba a todas las instituciones financieras del mundo a informar al Gobierno de EEUU de cualquier cuenta cuyo titular fuera un ciudadano estadounidense. Si no lo hacían, los bancos de cualquier nacionalidad se arriesgaban a sanciones draconianas. 

Esta ley sirvió para que las autoridades estadounidenses emprendieran varios casos contra bancos suizos por ayudar a ciudadanos de su país a evadir impuestos. UBS tuvo que pagar una multa de 780 millones de dólares en 2009 y dar información sobre todas las cuentas de sus clientes estadounidenses. En 2014, Crédit Suisse fue multado con 2.600 millones de dólares.

La presión de Estados Unidos fue la que acabó realmente con el secreto bancario de Suiza allí donde la UE había fracasado reiteradamente. A raíz de las amenazas de Obama, Austria y Luxemburgo renunciaran a su condición de paraísos fiscales (Bélgica lo había hecho años antes). El efecto arrastre hizo que Suiza, acorralada, se plegara también a las demandas de Bruselas y aceptara el intercambio automático de información sobre las cuentas de los ciudadanos comunitarios.