La gravedad de la crisis económica desencadenada por el coronavirus obliga a Bruselas a prorrogar la suspensión de las reglas de la UE que restringen las ayudas públicas nacionales a empresas. La Comisión Europea ha anunciado este martes que amplia y extiende hasta 2021 la barra libre a los Gobiernos para rescatar empresas. Se trata de "atender a las persistentes necesidades de las empresas y a la vez proteger el mercado único de la UE", según ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Margrethe Vestager.
En concreto, el Ejecutivo comunitario extiende el marco temporal aprobado el pasado 19 de marzo -nada más estallar la pandemia-, que permite a los Gobiernos de la UE asistir a las compañías más golpeadas por la Covid-19. Una actuación que en condiciones normales no sería posible según las reglas comunitarias. Este marco temporal debía caducar el 31 de diciembre, pero se mantendrá en vigor al menos hasta el 30 de junio de 2021. En el caso de las ayudas a la recapitalización, la prórroga se amplía todavía más, hasta el 30 de septiembre de 2021.
En los últimos 7 meses, esta flexibilización de las reglas ha permitido a los Estados miembros conceder ayudas públicas que superan los 3 billones de euros, entre subvenciones directas, avales a créditos y recapitalizaciones. Al mismo tiempo, la barra libre ha aumentado las divergencias entre los Estados miembros que tienen mucho margen presupuestario para ayudas a sus empresas, como Alemania, y los que carecen de potencia de fuego, como España. Unas distorsiones que en teoría deberá corregir el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros.
Cubrir costes fijos
A la espera de que lleguen estas ayudas de la UE, la modificación aprobada este martes por Bruselas no sólo prorroga la barra libre de ayudas, sino que además amplía su ámbito de aplicación. A partir de ahora, los Estados miembros podrán ayudar a las empresas que sufran una reducción de su volumen de negocios de al menos un 30% con respecto al mismo periodo de 2019 debido al coronavirus. Estas subvenciones -hasta un máximo de 3 millones de euros por empresa- contribuirán a parte de los costes fijos de los beneficiarios que sus ingresos no permitan cubrir.
Por otra parte, la Comisión ha ajustado los requisitos de salida que deben cumplir los Estados que nacionalicen empresas de las que ya eran accionistas antes de la pandemia. La modificación permite al Estado retirarse del capital de estas empresas a través de una valoración independiente, a la vez que recupera su participación anterior y se mantienen las salvaguardias que garantizan una competencia efectiva en el mercado único.
La suspensión de las normas de la UE que limitan las ayudas públicas nacionales se suma a la congelación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyos límites de déficit y deuda tampoco se aplicarán en 2021. A más tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión revisará y estudiará la necesidad de prorrogar o adaptar nuevamente el marco temporal.