El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva senda de estabilidad en la que se incrementa la capacidad de déficit de las Administraciones Públicas en al menos 8.000 millones de euros en este 2020. Sin embargo, esta flexibilidad para el gasto y el endeudamiento público está destinado, casi en su totalidad, a la Seguridad Social.

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El órgano encargado del pago de las pensiones públicas será el que se ‘coma’ la mayoría de la capacidad de déficit de las Administraciones Públicas. De hecho, si en 2020 el techo de déficit se ampliará hasta el 1,8% del PIB (en la senda todavía vigente, que es la del Ejecutivo de Mariano Rajoy, es del 1,1%), un 61% de él será para la Seguridad Social, una proporción que irá aumentando con el paso de los años.

A pesar de que la previsión es que la capacidad de generar déficit de la Seguridad Social, igual que la del conjunto de las Administraciones Públicas, se vaya reduciendo con el paso de los años, su peso dentro de los ‘números rojos’ públicos irá aumentando hasta tener a su disposición casi la totalidad del déficit público en 2023.

Evolución

De esta manera, la Seguridad Social cuenta en este 2020 con una capacidad de déficit del 1,1 % del PIB (unos 13.200 millones), que en 2021 será del 1%, en 2022 del 0,9% y en 2023 del 0,8%.

Este paulatino descenso se traducirá en un incremento del peso del ente en la capacidad de generar déficit por parte de las Administraciones Públicas. En 2021, la Seguridad Social abarcará el 66% de la posibilidad de gestar ‘números rojos’, en 2022 el 75% y en 2023 el 89%.

A pesar de que no se ha dicho de manera explícita, que el Gobierno mantenga esta capacidad de déficit para la Seguridad Social tiene una causa: las pensiones públicas. Estas prestaciones se han convertido en una de las más pesadas piedras del gasto público, y se prevé que la partida siga creciendo en los próximos años.

Incrementos

De hecho, la mayor partida del gasto público ya es, con diferencia, la destinada a las pensiones. En 2019, estas prestaciones costaron unos 135.163 millones, un 6,11% más en 2018, unos 7.788 millones más.

Una cantidad que con toda seguridad se va a ir incrementando año a año por dos razones: el progresivo incremento del envejecimiento de la población y el compromiso del Gobierno de subir las pensiones al mismo ritmo anual que el IPC, o incluso por encima de este indicador.

De ahí que cuanto antes se quiera activar la reforma del modelo público de pensiones, una labor para la que se ha designado a José Luis Escrivá, expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ministro de Seguridad Social.

Una de las fórmulas que se plantean es precisamente que el Estado asuma parte de los gastos de la Seguridad Social para reducir su impacto en el déficit, como indicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.