La ansiada reforma de la financiación autonómica comienza a ver la luz. O, al menos, inicia su camino político después de que el Ministerio de Hacienda haya dado por cerrada la fase más técnica de los trabajos para cambiar el modelo de cómo se reparten a día de hoy los fondos a las regiones.

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Así lo ha confirmado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la celebración del Consejo de Política Financiera y Fiscal celebrado este viernes. Allí ha informado de que los trabajos preliminares más técnicos ya están finalizados y que tiene la intención de comenzar la negociación con los grupos políticos del Congreso de la reforma.

En este sentido, ha indicado que en breve se iniciarán “los primeros contactos con los grupos políticos, si quieren, desean y están dispuestos a tratar estas cuestiones”. En este sentido, Montero ha dado a entender que esta fase es fundamental, puesto que la reforma consiste en un cambio de ley orgánica para la que será necesaria una mayoría cualificada de la Cámara Baja.

Sin embargo, fuentes consultadas del Gobierno no se muestran optimistas con la tramitación. Aunque pudiera haber cierto nivel de consenso y acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal, consideran que los constantes rechazos del Partido Popular, líder de la oposición, a las medidas del Ejecutivo pueden conducir a un callejón sin salida en el Congreso.

"Estoy convencida de que todas las comunidades y el Gobierno estaremos trabajando en paralelo para posibilitar el mayor consenso posible que permita el nuevo modelo y no plantee diferencias injustificadas entre las regiones mejor y peor financiadas y se pueda corregir los desequilibrios del pasado modelo", ha apuntado la ministra.

Trabajos hechos

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los trabajos técnicos a los que se refiere Montero son una serie de informes que recogen las diferentes valoraciones y conceptos que podrían servir para baremar la futura financiación autonómica.

Son muchos los aspectos a tener en cuenta y que se recogen en la información técnica. Los partidos serán los que tendrán que decidir la importancia que tienen cuestiones como la insularidad, el envejecimiento de la población o la dispersión geográfica a la hora de repartir los fondos autonómicos.

Cabe recordar que el grupo de trabajo que ha realizado esta primera fase técnica se formó durante la pasada legislatura, durante el mandato de Pedro Sánchez , después de acceder a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.

Reclamación recurrente

La reforma de la financiación se ha acabado convirtiendo en una reclamación tradicional por parte de todas las comunidades autónomas, sin excepción (la afinidad política aquí no es un condicionante), en los Consejos de Política Fiscal y Financiera. En esta ocasión no ha sido menos, y Montero ha pedido paciente: “Este Gobierno lleva solo tres semanas constituido”.

En cualquier caso, el de la financiación autonómica es un asunto recurrente. Y es que su última reforma fue hace 11 años, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Rajoy la dejó pendiente y en el corto primer mandato de Sánchez no se pudo abordar.

Lo cierto es que hay autonomías más perjudicadas que otras por el modelo. Voces del Ministerio admiten que es especialmente ‘injusto’ para Murcia y Comunidad Valenciana, regiones que a su vez son las peores cifras de déficit y de números rojos muestran dentro del mapa autonómico.