El expresidente del BBVA, Francisco González, declara desde primera hora de la mañana para explicar su relación y conocimiento sobre los contratos que la entidad bancaria mantenía con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Un caso que ha supuesto que González se enfrente a ser investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Esta imputación se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, que habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
Asimismo, por la Audienicia Nacional han pasado hoy el ex director de comunicación de la entidad, Javier Ayuso, aunque en su caso la citación era como testigo; y el investigado Antonio Bonilla, policía que en segunda actividad trabajaba para una de las empresas de Villarejo y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Como investigados y también por delitos de cohecho y revelación de secretos, el juez ha citado para mañana a Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.
Responsables jurídicos
En la misma fecha, el juez ha acordado citar el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos, según las mismas fuentes consultadas por Europa Press.
La investigación de esta pieza cogerá así nuevo impulso a partir del este lunes, cuando además de los mencionados serán llamados a declarar el propio banco en calidad de persona jurídica, en una citación que se ha suspendido dos veces por razones de agenda del juzgado y relativas a la defensa, y que se materializará el miércoles 20 de noviembre.
Asimismo, el juez ha tomado declaración sobre este asunto a personas del entorno de Villarejo, como el policía que en segunda actividad trabajaba para una de sus empresas, Antonio Bonilla, y que ya está imputado en otras piezas de la causa, por la participación que pudo tener en la ejecución de los encargos realizados para el BBVA y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
El chantadino Francisco González avanzó la pasada semana, tras conocer su citación, que este lunes acudiría al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con la intención "decidida" de prestar declaración ante el juez Manuel García Castellón.
Como publicó EL ESPAÑOL, González no se acogerá a su derecho a guardar silencio como han hecho el resto de investigados, a excepción del expresidente de Madrid DCN Antonio Béjar, dado que está interesado "al máximo" en dar todas las explicaciones oportunas al juez y en colaborar en todo lo preciso para el esclarecimiento de los hechos.
En un comunicado difundido el pasado miércoles, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Audiencia Nacional su imputación por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, González reafirmósu compromiso y "plena" disposición a colaborar con la Justicia.
"Máximo interés" por colaborar
El pasado mes de julio tras conocerse la imputación de BBVA como persona jurídica, González ya se apresuró a expresar su "máximo interés" en colaborar "con la mayor transparencia y objetividad" con la Justicia al objeto de identificar y esclarecer lo "más rápidamente" cualquier mala práctica que se hubiera podido producir, y pidió deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación del banco, que calificó de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo.
González también incidió el pasado miércoles, remitiéndose a sus palabras expuestas ya el pasado mes de julio, en que fue él quien impulsó la investigación interna en BBVA. Según detalló, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación por el banco de la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, en mayo de 2018 puso en marcha una investigación interna para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.
Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia, encargándose un informe forensic, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC).
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de 'proyectos' y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe 'forensic' encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.