Andrea Orcel demanda al Santander. Quien fuera el alto ejecutivo de UBS ha demandado a la entidad que preside Ana Botín tras su fichaje frustrado como CEO. Una posibilidad que lleva meses sobre la mesa y que ahora se hace realidad, después de que el pasado marzo el banquero italiano contratara al despacho De Carlos Remón para estudiar su caso.
En concreto, Orcel exige en su demanda el cumplimiento de contrato por parte de la entidad, o en su lugar daños y perjuicios por una cantidad de algo más de 100 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en el Santander, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar este periódico. La entidad ha declinado hacer comentarios.
El consejo de administración de Banco Santander decidió el pasado mes de enero no seguir adelante con el fichaje de Orcel al considerar "inasumible" tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS, de unos 50 millones de euros.
Un fichaje que nunca llegó
Banco Santander comunicó el nombramiento de Andrea Orcel como nuevo consejero de la entidad el pasado 25 de septiembre, lo que supuso una auténtica convulsión en el sector, al tratarse del primer CEO de la entidad con perfil internacional, lo que desató las especulaciones sobre un cambio de rumbo en la estrategia del gigante financiero español y de la zona euro.
Debido a sus obligaciones con UBS Group, Orcel no podía asumir el cargo hasta marzo de 2019, debido a que una cláusula garden leave le exigía un preaviso de seis meses antes de trabajar en otra entidad financiera.
Así las cosas, la entidad acordó en septiembre la futura retribución anual que Orcel percibiría como consejero delegado del grupo, pero en aquel momento no era posible anticipar el coste final para de abonar las retribuciones diferidas que se le habían asignado en su puesto anterior y que habría perdido al abandonarlo. De esta manera, el banco procedió al nombramiento sobre la base de una "estimación razonada" del coste, de acuerdo con el asesoramiento recibido, los precedentes y las expectativas de que podría revisarse a la baja por la naturaleza de la relación entre ambos bancos y las diferencias en las actividades que llevan a cabo", según detalló entonces la entidad en un comunicado.
Finalmente, el coste que tendría que asumir el banco para compensarle por su retribución diferida a lo largo de siete años y otros beneficios que le correspondían por su puesto anterior era "significativamente mayor" que el previsto inicialmente por el consejo en el momento del anuncio de su nombramiento, por lo que la entidad cántabra dio marcha atrás en el nombramiento al considerar que "sería inaceptable para un banco comercial como Santander" hacer frente a esa suma.