Los emails que alertaban de la falta de provisiones por parte de Caja Madrid cuando se unió con Bancaja y otras cinco entidades no tenían ningún “soporte documental”. Así lo ha dicho el  exdirector del departamento de Cajas de Ahorro del Banco de España, Pedro González, quien ha calificado de “opiniones y conjeturas” las advertencias enviadas por correo electrónico por el entonces inspector de Caja Madrid, José Antonio Casaus.

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Dice González que esos correos se tomaron “como una opinión, totalmente válida, pero que no tiene una información sólida que la soporte. Una cosa son opiniones y otra son datos”. De hecho, ha insistido en que las alertas de que la unión de Caja Madrid con otra seis cajas debía provisionar 16.000 millones de euros en lugar de 9.000 millones en 2010, “no se recogen en ningún informe oficial” del Banco de España.

Según el responsable del regulador, el inspector Casaus fue siempre partidario de las soluciones del Banco de España para Caja Madrid. Así lo expresó en un encuentro con el entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Una cita que tuvo lugar el cinco de julio de 2010, seis días después de que el regulador avalara (con respaldo de Casaus) la creación de un SIP  (Sistema Insistucional de Protección).

El antiguo responsable de las Cajas de Ahorro en el Banco de España ha explicado que Casaus resumió la reunión con el gobernador en un correo en el que en ningún momento expresó que detectara anomalías.

Al contrario, el inspector aseguró que “indicó al gobernador que más allá de las cifras proyectadas, el SIP es necesario para la viabilidad de las siete cajas. Solvencia, liquidez y rentabilidad. No cabe una solución ortodoxa pero sí un SIP con cargo a reservas y reduciendo capacidad”.

Un correo electrónico que ha sido incorporado a la causa a petición de la defensa del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ha tenido un encontronazo con la fiscalía a cuenta de la aportación de las pruebas aportadas por los testigos durante el juicio.

No hubo presiones

González ha dejado muy claro que el Banco de España “no forzó” la integración de Caja Madrid con otras seis entidades, un grupo que después daría lugar a BFA-Bankia. Según sus palabras “hubo otras tentativas de Caja Madrid”, pero no llegaron a buen puerto.

Esta unión se hizo mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) en donde se plantea “un negocio conjunto bajo control común”. Un esquema empleado ya por las cajas catalanas y que “no fue diseñado para Caja Madrid”, según ha explicado el responsable del Banco de España.

Se trata de un sistema que, a juicio de González, era algo más caro que una fusión porque había que mantener mayor estructura de gestión, pero que en realidad “a efectos económicos era igual que una fusión”, dado que su ruptura era casi imposible.

El aval a las provisiones

Durante su declaración en la Audiencia Nacional en el marco del juicio por la salida a bolsa de Bankia, González ha explicado que fue él quien exigió a los inspectores de BFA -Bankia un análisis de las provisiones efectuadas, y durante cuánto tiempo podrían asumir pérdidas a la hora de salir al mercado. 

Lo hace después de leer un primer informe de valoración, en el que no se tiene en cuenta el saneamiento efectuado por la entidad. Así que se solicita a los inspectores su evaluación, tal y como dijo el inspector Casaus en esta misma sede. Según él les pidieron hacer una valoración "que no comprometiera demasiado" y pudiera poner en riesgo la salida a bolsa de Bankia.

González niega la mayor. Insiste en que no hubo ningún tipo de sugerencia en ese sentido por su parte. "A mí jamás me ha dicho que se les haya forzado a poner este párrafo. Era su leal saber y entender", ha sentenciado el máximo responsable de inspección de las cajas de ahorro para el Banco de España.