Las VTC han lanzado una petición en Change.org para lograr la paralización del Decreto Ley que la Generalitat de Catalunya ha puesto sobre la mesa. La petición ha superado las 20.000 firmas en tres horas.
La propuesta de la patronal de las VTC, Unauto, a través de la plataforma de Change va dirigida al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Unauto critica que se trata de un “decreto a medida del sector del taxi para expulsar a Uber y Cabify de Barcelona”.
La normativa que prevé aprobar la Generalitat establece la obligatoriedad de que Uber y Cabify tengan que ser reservados con quince minutos de antelación. Por otra parte, permitirá también que los Ayuntamientos establezcan hasta una hora en la precontratación de los servicios de VTC. El de Barcelona, a través del Área Metropolitana (AMB) ya ha dicho que serán 60 minutos. Además, incluye la prohibición de mostrar la geolocalización de los vehículos.
En la petición, las VTC han incluido un vídeo en el que una conductora de un coche con licencia VTC se ‘despide’ de su última pasajera. La conductora explica que “la manifestación de los taxis” ha logrado su objetivo y que ella y “10.000 personas más” perderán su empleo si el decreto entra en vigor. “Si la Generalitat de Catalunya cede al chantaje del taxi, miles de personas perderán su empleo”, concluye el vídeo.
Campaña de las VTC contra el decreto de la Generalitat
La presión popular triunfó en Londres
En Londres más de 200.000 firmas evitaron la puesta en marcha de una norma que pretendía que los conductores de VTC tuvieran que esperar 5 minutos entre la reserva y la recogida de un pasajero. Transports for London, el regulador del transporte de la capital británica, lanzó una consulta pública en 2015 para que los londinenses opinaran sobre la regulación del transporte en la ciudad.
Sin embargo, una campaña lanzada por Uber logró mayor apoyo popular que las medidas del regulador londinenese. Uber había cifrado la puesta en marcha de esa medida en un coste de 19 millones de libras al año (21 millones de euros) y de 1.000 libras (1.147 euros) anuales por conductor. Finalmente, el regulador británico tuvo que ceder.