"Es un tema que llevarán desde el Ministerio de Hacienda que es el que puede medir bien si se están haciendo bien las cuentas", señalan las fuentes citadas.

"Hay que mirar bien los resultados que presentan las compañías energéticas, y aunque ya se les pide transparencia, se deberá comprobar que los beneficios obtenidos en territorio nacional no terminen escondidos en otras partidas", añaden las mismas fuentes. 

[Ribera acusa a las eléctricas de comportamientos poco honestos en la crisis: "No están jugando limpio"]

Estas palabras corroboran lo que ya ha dicho, en varias ocasiones, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha acusado a las eléctricas de comportamientos poco honestos en la crisis: "No están jugando limpio", o pidiendo cooperación en tiempos de crisis energética.

En cualquier caso, más allá de la vigilancia especial que se va a imponer sobre el sector energético, las actuaciones de comprobación sobre las cuentas y la fiscalidad de las grandes empresas son habituales por parte del Ministerio de Hacienda. Concretamente, son cosa de la Agencia Tributaria y de su Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Solo el año pasado, la Agencia Tributaria regularizó bases imponibles por un importe de 5.578 millones de euros en un total de 112 comprobaciones inspectoras sobre la fiscalidad internacional de grandes empresas multinacionales. 

De hecho, las investigaciones del fisco a grandes empresas, multinacionales y grupos empresariales se incrementaron más de un 24%, hasta alcanzar las 26.989 actuaciones.

[Ribera insiste: "Las energéticas españolas siguen presentando cifras abultadas en su cuenta de resultados" pese a la crisis]

El nuevo gravamen a las energéticas, que se aplicará sobre sus ingresos, ya se está tramitando en el Congreso y con él se quieren ingresar 2.000 millones anuales en 2023 y en 2024. Se sumará a las medidas ya adoptadas en septiembre de 2021 para reducir los beneficios extraordinarios de las energéticas, la minoración de la retribución por la internalización del coste del gas natural y la propia 'excepción ibérica'.

Sin embargo, el Gobierno no está cerrado y no descarta cambiar el polémico tributo. "Su puerta siempre está abierta para poder hablar y buscar una vía de diálogo y de cooperación", aseguran las fuentes citadas. 

Precisamente este miércoles la propia Iberdrola ha presentado los resultados de 2022 hasta septiembre. La primera energética del país ha ganado un 29% más en los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo de 2022.

El beneficio neto se eleva a los 3.104 millones de euros. Y, a pesar de ello, en España las ganancias han caído un 14%. 

Además, el resultado bruto de explotación (EBITDA) de Iberdrola creció un 17% hasta los 9.529 millones de euros, "con una evolución positiva en todas las geografías exceptuando de nuevo España", ha indicado la compañía.

Con estos datos en la mano, Ignacio Galán advirtió este miércoles de que los abogados de la energética "van a trabajar de manera muy eficiente para defender al accionariado", ya que el impuesto planteado en España "no es algo que contemple Bruselas y no está en línea con sus observaciones".

Algo parecido opina Maarten Wetselaar, consejero delegado de Cepsa. También este miércoles pidió unas regulaciones y unas medidas impositivas para el sector energético que "estén alineadas en diseño e intensidad" en todos los territorios de Europa y que "no asfixien" a las compañías. 

Sin embargo, los resultados empresariales que están presentando tanto las energéticas como la banca (para la que el Gobierno también está tramitando un impuesto propio) legitiman las acciones del Ejecutivo. Según el propio Ejecutivo, claro. 

Legitimación

Para la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, los beneficios obtenidos por las grandes entidades financieras y energéticas "legitiman la política que está siguiendo el Gobierno". 

"En un momento de tanta dificultad para millones de ciudadanos, es necesario y bueno que aquellos que más se estén beneficiando de esta crisis puedan tener mayor aportación para el bien de todos y reforzar los servicios públicos o financiar las medidas como la bajada de la factura de la luz", afirmó la titular de Hacienda este miércoles en el Congreso.

Para Alberto Garzón, su homólogo en Consumo, es "evidente" que "cuando las grandes empresas tienen grandes beneficios" y existen momentos de dificultad, "hace falta que hagan un esfuerzo adicional".

La banca es el otro sector para el cual se está tramitando un impuesto exclusivo. En este caso, los ataques del Gobierno se siguen produciendo a pesar de los episodios de colaboración que el sector está protagonizando con el Ejecutivo.

[Calviño intensifica el diálogo con la banca para alcanzar "cuanto antes" un plan de ayuda a los hipotecados]

Es cierto que la vicepresidenta Nadia Calviño valoraba hace unos días que la banca está “arrimando el hombro” con la negociación de las patronales y el Tesoro para ayudar a los hipotecados vulnerables, si bien desde otras facciones del Ejecutivo las críticas persisten.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, hace unos días lamentaba que el plan de medidas que se están acordando en relación con los hipotecados "no es suficiente" y que deberían congelarse las hipotecas “para el conjunto de la población española”. Es decir, todas. 

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, es la banquera que más clara ha sido con la posibilidad de acudir a los tribunales para pelear contra el impuesto a la banca. "Si hay que hacerlo [pagarlo], lo haremos, pero si tenemos resquicios para no hacerlo porque jurídicamente nos asiste el Derecho, como es un impuesto absolutamente injusto lo pelearemos", amenazó la ejecutiva el pasado verano durante una presentación de resultados. 

El resto del sector se ha mostrado más cauteloso al respecto de una posible batalla legal, lo cual no significa que comulgue con el diseño del tributo.

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, recordaba este miércoles que no están de acuerdo con que se graven los ingresos en lugar de los beneficios.

Mientras, César González-Bueno, su homólogo en Sabadell, ha señalado en alguna ocasión que es necesario que el impuesto, de aplicarse, se aplique a todo el sector y no solo a las entidades más grandes.