Traspasar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la financiación de los llamados 'gastos impropios' de la Seguridad Social es uno de los puntos más destacados del acuerdo para la reforma de las pensiones alcanzado entre Gobierno y agentes sociales. Esto supondrá que el Ministerio de Hacienda aporte al sistema unos 21.000 millones de euros financiados con los impuestos de todos los españoles, excepto de los vascos y navarros. Al menos, por el momento.

El País Vasco lleva años reclamando la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social -a pesar de que también para su territorio el sistema es deficitario-. En esta legislatura, ha conseguido hacerse ya con su gestión y con el compromiso del traspaso de esta competencia. Pero las nóminas de sus pensionistas las sigue pagando el Estado español, que también se encarga de aportar el dinero 'extra' necesario para poder mantener su poder adquisitivo con una aportación cada vez menor de la Lehendakaritza.

Dado que la Seguridad Social va a buscar el equilibrio de sus cuentas trasladando a Hacienda gastos, como la financiación de las pensiones no contributivas o las prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, lo lógico sería que ese aumento del gasto del Estado fuera financiado por todos los españoles.

Pero esto obligaría a revisar el 'cupo vasco' para incorporar este nuevo coste, algo que no figura en la agenda del Gobierno en este momento. Navarra se encuentra en una situación similar.

Estas dos comunidades autónomas llevan años mirando hacia otro lado -y ahorrándose cientos de millones de euros- con la deuda que el Estado está emitiendo para financiar el pago de las nóminas de los pensionistas a pesar de que la caja de la Seguridad Social es única para todos los españoles.

Préstamos al sistema

Estos préstamos fueron habilitados en el año 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido como 'hucha de las pensiones') empezó a acercarse a una situación límite, tras años tirando de él para pagar las nóminas.

Después, los Ejecutivos de Pedro Sánchez han seguido utilizando este mecanismo que se va renovando en Consejo de Ministros. Sin ir más lejos, este mes -coincidiendo con la paga 'extra' de los pensionistas- se aprobó la concesión de un nuevo préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros.

Tras esta aportación, la deuda contraída por la Seguridad Social con el Estado ya supera los 85.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia (en especial, los ERTE) han agravado la situación de su caja.

Esta deuda que genera el desfase entre ingresos y gastos que padece la Seguridad Social será afrontada en el futuro por los españoles que se encuentran bajo el régimen fiscal común, quedando al margen de ella el País Vasco y Navarra. 

En función de su aportación al PIB español, les correspondería asumir en sus cuentas el 6,1% de esa deuda en el caso de Euskadi y el 1,6% en el de Navarra.

Si se utiliza el mismo parámetro para ver cuál podría ser su aportación para financiar los alrededor de 21.000 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) van a asumir para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, la factura para ambas comunidades sería alta.

En el caso del País Vasco, rondaría los 1.280 millones de euros y en el de Navarra, los 336 millones de euros con el mismo criterio de PIB.

Este año, los PGE ya incorporan 13.929 millones de euros de los gastos no contributivos que hasta ahora soportaba la Seguridad Social. Es un dinero que, por el mismo motivo, no va a ser aportado por todos los ciudadanos españoles por igual.

En esta partida se incorporan conceptos como las jubilaciones anticipadas, las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, las pensiones en favor de familiares, el complemento por maternidad o algunas subvenciones implícitas por formación o de regímenes especiales.

Al sacar estas partidas de la caja única, esta reforma busca mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto plazo, según ha reconocido la propia AIReF.

El cupo vasco

La última vez que se tocó el cupo vasco fue con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. Abrir ahora este debate, en pleno inicio de las conversaciones con Cataluña sobre su modelo de financiación, sería un contratiempo para un Gobierno que necesita el apoyo de nacionalistas e independentistas para acabar la legislatura.

El País Vasco recauda sus propios impuestos y después paga a Hacienda la parte proporcional de los servicios que sus ciudadanos reciben del Estado central. En estos momentos, esa cifra ronda los 956 millones de euros, después de que fueran transferidas las Políticas Activas de Empleo.

La revisión de este cupo es quinquenal. Sin embargo, la dificultad de pactar los pagos ha hecho que en numerosas ocasiones se mantenga congelado el cupo de años anteriores.

Mientras no se revise el mecanismo, el País Vasco estará en una suerte de limbo -sin obligación aparente- que le permitirá desentenderse de los problemas financieros de la Seguridad Social.

Esto no ocurría cuando existía el Fondo de Reserva, dado que era financiado con las aportaciones de todas las empresas y trabajadores de España, con independencia de su lugar de residencia.

El PNV y las pensiones

Lo más llamativo de todo es que las pensiones son un arma electoral muy potente del PNV. Tanto es así que fue su apoyo a los Presupuestos que elaboró el PP antes de la moción de censura lo que consiguió reabrir el melón de volver a vincular las pensiones al IPC, tras la reforma de 2013 que ahora va a ser derogada.

El País Vasco ha sido uno de los territorios en los que más se han movilizado los pensionistas para reclamar que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones, algo que garantiza la reforma pactada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los agentes sociales y que tendrá que ser completada antes de fin de año.

Curiosamente, la pensión media en Euskadi es superior a la del resto de España. Sus pensionistas cobran una media de 1.238 euros al mes, frente a los 1.033 euros del resto de españoles. Pero, a su vez, es una de las comunidades autónomas con mayor déficit en pensiones, algo de lo que solo se salvaban antes de la pandemia Madrid y los territorios insulares.

Noticias relacionadas

Contenido exclusivo para suscriptores
2 meses por 1€
EL ESPAÑOL + Invertia por 1€ durante 2 meses, y después 6,99€ SWG Sin permanencia

O gestiona tu suscripción con Google

¿Qué incluye tu suscripción?

  • +Acceso limitado a todo el contenido
  • +Navega sin publicidad intrusiva
  • +La Primera del Domingo
  • +Newsletters informativas
  • +Revistas Spain media
  • +Zona Ñ
  • +La Edición
  • +Eventos
Más información