Involucrar a las comunidades autónomas en el reparto de ayudas directas para empresas afectadas por la Covid-19 no ha sido una buena idea, según Fedea. El último Boletín de seguimiento de los aspectos económicos de la crisis de la Covid publicado por sus economistas cuestiona el modelo de la cogobernanza en una entrega de dinero que es urgente para muchos negocios que llevan más de un año con problemas derivados de la pandemia.

Según el documento dirigido por Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente, España llegó más tarde "de lo que hubiera sido razonable" al anuncio de este plan de ayudas directas. Y ahora, la gestión del mismo puede ser un nuevo obstáculo para los receptores de este programa de 7.000 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo.

"El reparto territorial de las ayudas y su procedimiento de gestión presenta detalles cuestionables", advierten los economistas. 

Es más, las ineficiencias que introducen las comunidades autónomas al entrar en esta ecuación de distribución de ayudas encarecerán el coste del programa, lo que daña los intereses de los contribuyentes que han tenido que salir al rescate de estas empresas. 

En opinión de esta fundación que se define a sí misma como una "fábrica de ideas", para ser más eficientes en este reparto hubiera sido más acertado involucrar a la banca, que es quien mejor conoce la situación real de las empresas españolas a las que concede crédito. 

Sin ventajas

Fedea no encuentra ninguna "ventaja comparativa" en las administraciones autonómicas para la gestión de este programa frente a la Administración Central y, en particular, frente a la Agencia Tributaria. Es más, advierte que "su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas que ya se han hecho esperar más de lo razonable", advierte el texto.

Elevar el déficit del Estado central para repartir estas ayudas directas sin que repercuta en las cuentas públicas de las comunidades autónomas hace que los gobiernos encargados del reparto puedan no ser tan exigentes con la eficiencia del plan.

Reparto arbitrario

Pero, además, el organismo se muestra crítico con el reparto ex ante entre territorios. Una observación que viene a explicar las críticas que desde distintas comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña o Andalucía, se han hecho a este sistema de reparto, que no contenta las aspiraciones de muchos gobiernos autonómicos.

Dado que el texto aprobado por el Gobierno ya establece los criterios para fijar las cuantías de las ayudas que puede recibir cada beneficiario, "lo lógico habría sido dejar que cada territorio recibiese lo que le corresponda en función de la situación de sus empresas y negocios, sin recurrir a otros criterios de reparto que podrían no reflejar correctamente la distribución de los perjuicios causados por la pandemia", señala el Boletín.

Según el plan del Gobierno aprobado en marzo, cada empresa de los sectores que se han considerado afectados por la Covid-19 puede recibir ayudas en función de la caída de su volumen de negocio y el tamaño de su plantilla.

Pero, al dar protagonismo a las administraciones autonómicas, el Gobierno estableció, además, criterios de reparto en función del territorio, siendo las islas Canarias y Baleares las que más cuantías de ayudas recibirán por su mayor exposición al turismo.

Ayudar a las islas

Al tener las empresas más dañadas por la Covid, Fedea considera que "de manera natural", las regiones insulares habrían recibido ya más ayudas que otras sin la "necesidad de imposiciones arbitrarias".

Otro de los aspectos del decreto de ayudas que llama la atención de Felgueroso y De la Fuente es el hecho de que se hayan establecido ayudas "no retornables" y que se vayan a entregar sin un "intento convincente de filtrar a los solicitantes por viabilidad", algo -esto último- que habrían estado en disposición de hacer las entidades financieras, según Fedea.

En su Boletín de seguimiento Covid se describe este reparto de dinero como "indemnizaciones de carácter compensatorio" que en muchos casos irían a "empresas inviables o que sobrevivirían sin ellas". Esto es algo que eleva el coste final para el contribuyente de las ayudas.

Y además, pone el foco en que las empresas que ya han cerrado sus negocios como consecuencia de los daños que ha provocado la Covid-19 a su facturación, se ven excluidas del reparto, algo que "también es cuestionable".

Sostener a las empresas

La aprobación de este programa de ayudas directas era una de las demandas clave de las empresas, autónomos y de organismos, como el Banco de España, para tratar de preservar el tejido productivo español en la mayor medida de lo posible.

El decreto con este reparto se aprobó más tarde en España que en otros países, siendo Alemania uno de los referentes por la ambición de su programa. Sin embargo, una vez conseguida la luz verde del Consejo de Ministros, el reparto de las ayudas tampoco ha sido inminente.

De hecho, hasta el mes de junio no se iniciará este reparto que es urgente para muchas compañías que llevan más de un año lastradas por la dureza de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia.