Bruselas

La larga duración de la crisis de la Covid-19, que se prolongará al menos durante la primera mitad de 2021, amenaza con provocar una oleada de quiebras empresariales en toda la UE. Una avalancha que afectará particularmente a España debido al gran peso del sector del turismo y la hostelería en nuestra economía, a un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes y a la escasez de ayudas directas, sobre todo si se compara con el resto de Estados miembros, según ha avisado la Comisión Europea.

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En sus previsiones económicas de invierno, Bruselas empeora las cifras que maneja el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras el hundimiento histórico del 11% del PIB sufrido en 2020 -el mayor de toda la UE-, la economía española vivirá este año un efecto rebote con un crecimiento del 5,6%. Una cifra muy por debajo del 7,2% que calculó la vicepresidenta Nadia Calviño para elaborar los presupuestos de 2021.

Además, el inicio de la recuperación se retrasa a la segunda mitad del año, siempre que para entonces haya suficientes avances en la campaña de vacunación. A corto plazo, el consumo y la inversión vuelven a caer debido a las medidas restrictivas adoptadas por la mayoría de las comunidades autónomas para hacer frente a la tercera ola de la pandemia.

Hasta ahora, las garantías públicas a los créditos y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han servido para amortiguar el impacto de la crisis en las empresas. Pero el informe de la Comisión alerta del "riesgo de una oleada de quiebras empresariales, principalmente concentrada en los sectores más afectados por las restricciones, que se materializaría a medida que las medidas de apoyo se vayan retirando".

"Esto podría conducir a un aumento del paro y desembocar en una reducción de la capacidad productiva", señala Bruselas.

A la cola en ayudas directas

"Es verdad que hay un riesgo importante para España, especialmente porque hay muchas pequeñas y medianas empresas y éstas tienen menos capacidad de reaccionar frente a shocks negativos como el que estamos sufriendo ahora", explican fuentes comunitarias. En nuestro país, las pymes suponen el 99,8% de las empresas y representan alrededor del 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo empresarial total, según los datos del ministerio de Industria.

El otro factor diferencial en el caso de España es que el Gobierno de Sánchez es el que ha aprobado menos ayudas directas para hacer frente al impacto de la Covid, según un informe que acaba de difundir el Banco Central Europeo (BCE). El impacto presupuestario de estas ayudas apenas alcanza el 1,3% del PIB en el caso español, frente casi el 5% en Alemania o el 5,5% en Italia.

Medidas fiscales discrecionales relacionadas con la Covid-19 con impacto presupuestario en 2020 (en % del PIB). Fuente: BCE

Desde el ministerio de Economía replican que el riesgo de quiebra de empresas no afecta de forma particular a España, sino que se trata de un "problema generalizado" que también golpea a otros grandes países como Italia o Francia. Cualquier medida que se adopte debe buscar un "fino equilibrio" entre "el objetivo de mantener la actividad de todas las empresas viables que sea posible y evitar la zombificación de aquellas que ya no tienen un modelo sostenible", apuntan las fuentes consultadas.

Para el Gobierno de Sánchez, una de las claves para asistir a las empresas con problemas se encuentra en la última reforma del régimen temporal de ayudas públicas por el coronavirus que ha realizado Bruselas. Esta modificación, aprobada a finales de enero, permite a los Estados miembros convertir las garantías y préstamos ya concedidos en subvenciones directas, hasta un tope de 1,8 millones por empresa. Una posibilidad que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

España es el cuarto país de la UE que más garantías públicas ha concedido (alrededor del 14,4% del PIB), por detrás de Italia, Alemania y Francia. "Lo natural en estos casos son las reestructuraciones. Y lo importante es que la financiación pública pueda participar en estas operaciones de reestructuración, que son claves para garantizar que no quiebren empresas que con un apoyo habrían podido salir adelante", alegan en el ministerio de Economía.

Empresas viables y zombis

La preocupación por del riesgo de quiebras de empresas es tan fuerte que este asunto se ha incluido en la agenda de la videoconferencia del Eurogrupo que se celebrará el próximo lunes 15 de febrero. Hasta ahora, las garantías públicas y las moratorias han limitado el número de insolvencias o el aumento de la morosidad. Pero al mismo tiempo, han disparado el nivel de deuda de las compañías, que en algún momento tendrán que devolver cuando las ayudas expiren.

"La primera prioridad es evitar una destrucción innecesaria de capacidad productiva durante la crisis. No queremos que empresas que son esencialmente sólidas quiebren debido a las medidas de confinamiento. Pero por otro lado, en algún momento debemos dejar que quiebren las compañías que son esencialmente inviables", relata un alto funcionario del Eurogrupo.

"Es mejor para la economía gestionar las insolvencias rápidamente. Alargar el proceso lo único que consigue es impedir la necesaria reasignación de recursos y retrasar la recuperación sin ayudar realmente a las empresas", apunta.

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El consenso en el Eurogrupo es que la retirada de las actuales medidas de apoyo a las empresas "no debe ser muy rápida, pero tampoco demasiado lenta". Lo ideal es sustituir ayudas generales por otras más selectivas centradas específicamente en las empresas viables que aún necesitan respiración asistida.

El problema para los Gobiernos es distinguir entre empresas sanas y zombis. Bruselas recomienda recurrir al sector privado, en particular la banca. El factor decisivo debe ser si un inversor privado estaría dispuesto a poner dinero. "Algunas empresas se recuperarán más rápido, otras necesitarán más tiempo y puede haber sectores en los que la crisis haya acelerado una transformación estructural", apuntan las fuentes consultadas.

La otra gran cuestión que discutirán los ministros de Economía de la eurozona el lunes es cómo mejorar y simplificar las respectivas legislaciones nacionales en materia de insolvencia con el fin de acelerar los trámites y facilitar la reestructuración de la deuda de las empresas viables. A este capítulo, el Eurogrupo le dedicará además otra sesión monográfica en abril.