La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha vuelto a dejar muy claro que no se dejará influir por presiones gubernamentales y que pondrá criterios técnicos siempre por encima del ruido político, aunque venga de miembros del propio gab¡nete de Pedro Sánchez.

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Una hoja de ruta en la línea liberal que cultiva la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y en las antípodas de los miembros del Gobierno de Unidas Podemos, que regularmente piden intervenir la economía y dar un mayor protagonismo del Estado.

En solo siete meses y con la pandemia de por medio, Cani Fernández ha demostrado que aprobará fusiones si cumplen la legislación y que no intervendrá mercados que ya están regulados como el precio de la luz. Seguridad jurídica ante todo, pero siempre con la protección de los consumidores como leitmotiv.

La presidenta del regulador de los mercados fue meridianamente clara esta semana en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención ante la Comisión sobre calidad democrática, lucha contra la corrupción y reformas institucionales celebrada el miércoles indicó que "no hay ninguna irregularidad" en el precio de la luz y sus subidas que coincidieron con la tormenta Filomena. 

"Descartamos que hubiera un movimiento de cartelización, de distorsión de precios", dijo atribuyendo toda el alza a factores coyunturales del mercado provocados por el propio sistema de precios en vigor en España.

Presiones de Garzón

No ha sido fácil para Fernández mantener la independencia del regulador en este tema ya que las presiones desde el ala morada del Gobierno fueron muchas. Públicamente el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pidió al regulador que investigara lo que desde este departamento se consideró una subida buscada por las compañías eléctricas.  

El pasado 8 de enero, Garzón publicó en Twitter un mensaje en el que pedía una investigación del regulador. "Hemos pedido a la CNMC que investigue si ha habido irregularidades en el mercado. Estamos buscando soluciones definitivas para una tarifa regulada que proteja especialmente a las familias más vulnerables".

Unas palabras que no se quedaron solo en un mensaje en redes sociales ya que internamente desde este ministerio se presionó para forzar una intervención aleccionadora del regulador y que fallara a favor de las tesis de Consumo y de Garzón.

No obstante, solo cinco días después de que se hicieran públicas las presiones al regulador, la CNMC envió una nota de prensa aclarando que supervisa de forma continua -de manera diaria- los mercados eléctricos y gasistas ante el incremento de los precios energéticos.

Dentro de esta labor de supervisión, "y al igual que realiza con carácter habitual", dijo que estaban "analizando los resultados de los últimos días y el contexto energético en el que se están produciendo para poder determinar si resulta necesario llevar a cabo algún tipo de actuación en el ámbito de sus competencias".

Fusiones post-Covid

Finalmente, como confirmó Cani Fernández esta semana, no se detectaron irregularidades y, por tanto, no se abrió ningún expediente. Una situación que desde luego no ha gustado nada en Podemos, pero que confirma que el regulador no cederá ante presiones políticas.

Pero no es primera vez que Cani Fernández marca el terreno de su gestión en las pocas intervenciones públicas que ha realizado desde que asumió el mando del regulador en verano del año pasado. 

En septiembre advirtió de un aumento de las concentraciones empresariales en España por la pandemia, aunque garantizó que su organismo velará por la existencia de la competencia y los derechos de los consumidores.

"Somos conscientes de que en la situación postcovid de crisis, las consolidaciones van a ser necesarias, pero, por supuesto, vamos a garantizar que la competencia siga existiendo y los consumidores no se vean afectados", manifestó en ese momento.

Unas palabras que llegaron en medio de una avalancha de integraciones, primero con CaixaBank y Bankia, luego Unicaja y Liberbank, la compra de MásMóvil por parte de Lorca Capital o recientemente la OPA por el 22% de Naturgy. Todos movimientos que el regulador está mirando -o miró- con lupa, pero siempre siguiendo estrictos criterios técnicos.

Más independencia

Una flexibilización que contrasta con la postura de su antecesor José María Marín Quemada, que en innumerables ocasiones señaló públicamente que no veía con buenos ojos la integración de sectores claves como el bancario, el energético o el de telecomunicaciones.

Para Quemada siempre era necesario un actor más en cada sector y, de hecho, combatió férreamente posiciones de control como la de los canales de televisión Atresmedia y Mediaset. La multa de 77 millones a estas cadenas así lo atestiguó. Un pleito en el que, por cierto, la actual presidenta Cani Fernández defendió la postura de Mediaset como asesora. 

Pero muchas cosas han cambiado desde la llegada a la CNMC de su nueva presidenta. La Covid ha empujado al mercado español a una avalancha de fusiones y adquisiciones para asegurar la supervivencia de las grandes empresas. Un proceso alentado desde Bruselas, desde el Gobierno español -con la ministra Calviño como principal valedora- y al que ha debido adaptarse contra reloj el superregulador español. Un nuevo contexto que ha entendido Fernández, pero siempre con el consumidor español como referente.

De hecho, y haciendo gala de independencia, Cani Fernández ha pedido más recursos y más libertad de acción. En la misma comparecencia de esta semana ha solicitado tener un poder de gestión similar al del Banco de España para dotar a su institución de la "independencia en la gestión de sus recursos humanos, estructura organizativa y presupuesto", que, según dijo, no tiene en estos momentos.

"La independencia, además de legal e institucional, debe ser funcional e implicar una autonomía organizativa y de gestión tanto por tratarse de una autoridad administrativa independiente, como por ser la autoridad regulatoria y de competencia de la UE en nuestro país".

Actualmente la CNMC depende del Ministerio de Asuntos Económicos al igual que la CNMV y, por tanto, sus presupuestos dependen de esta cartera. Es por ello por lo que Fernández pide además de independencia organizativa, un presupuesto propio y autónomo. ¿El objetivo? Alejarse de cualquier injerencia del poder político.