El veto al Presupuesto de la UE por parte de Hungría y Polonia para los próximos siete años no ha pasado inadvertido en España. Los fondos europeos se retrasarán semanas, si no meses, por una cuestión política de primer orden. Dos países gobernados por partidos populistas de extrema derecha que se niegan a ser examinados en su cumplimiento del Estado de derecho y han vetado el Presupuesto de la UE, imprescindible para que siquiera existan los 27.000 millones que espera España en 2021.

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La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, que comparecía en rueda de prensa, no ha querido entrar en los detalles para no alarmar. Se ha limitado a afirmar que España "apoya el mecanismo de ayudas europeas y, por supuesto, el cumplimiento del Estado de derecho". 

Quizá por temerse este tremendo obstáculo, quizá por la necesidad de inyectar dinero en una economía que languidece y no se recupera al ritmo deseado, el Gobierno se dotó de una partida "a través de deuda pública" por valor de 27.000 millones de euros. Por fin lo ha admitido Calviño, es deuda pública, no son ayudas europeas -al menos de inicio-, por eso insiste tanto Pedro sánchez en que "los fondos de reconstrucción dependen de que se aprueben los presupuestos". 

En el mismo carril entró la vicepresidenta económica durante su rueda de prensa, y de él no se salió: "Necesitanmos los Presupuestos, para que empecemos a ejecutar ya los proyectos a principios de enero de 2021", dijo. Y confirmó los trabajos ya en marcha para darle la vuelta a la Ley de Contratos Públicos, que eliminará burocracia y tratará de agilizar plazos de ejecución: "Queremos una importante reforma del funcionamiento de la administración pública", explicó, eso sí, "preservando los mecanismos de rigor, para acelerar las políticas y programas".

Ayudas por sectores

A un día del Consejo de Ministros en el que está prevista la aprobación de un nuevo real decreto con ayudas a determinados sectores afectados por las restricciones asociadas a la pandemia, el Gobierno ha vuelto a hacerlo. El presidente se ha sentado a la misma mesa con los agentes sociales, sólo después de hacerse la foto que más veces se ha repetido en estos meses de Covid.

La imagen de Pedro Sánchez junto a Antonio Garamendi (CEOE), Gerardo Cuerva (Cepyme), Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO)... y la colección de ministros que toquen cada vez. En este caso, la selección reunía a los de Trabajo (Yolanda Díaz), Transición ecológica (Teresa Ribera), Hacienda (María Jesús Montero), Educación (Isabel Celaá), Industria (Reyes Maroto) y Seguridad Social (José Luis Escrivá).

Todos, comandados por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que fue la que compareció ante los medios... con tres horas de retraso, para no faltar a otra de las tradiciones de este Ejecutivo. 

La perfonmance consistía, en la cita de este lunes, en la constitución de la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia. Es decir, el entorno conjunto que crea el Gobierno para mantener la paz social ante la enorme crisis socioeconómica que espera en 2021, el primer año postpandemia... o el segundo año pandémico, para ser más exactos.

Y es que la segunda oleada de la Covid, que llegó en pleno verano, todavía no ha dado señales de remisión. Mientras, las medidas restrictivas no hacen sino crecer en cantidad y dureza, y además los fondos europeos ahora penden de un hilo, tras el veto anuncviado por Hungría y Polonia este mismo lunes.

De ahí que, en su comparecencia previa, los empresarios reclamaran un nuevo plan de choque para hacer frente a la segunda ola de la Covid. "No podemos perder el presente, la pequeña y mediana empresa lo está pasando muy mal y desgraciadamente, para esta segunda ola no están sobre la mesa, medidas de choque. Para tener éxito tenemos que llegar a final de año con la supervivencia del tejido productivo", advirtió Cuerva.

El bar tendrá que esperar

Calviño no quería dar muchos detalles sobre las ayudas que se aprobarán este martes, pero quedó claro que -pese a lo anunciado por el presidente el pasado viernes- la hostelería tendrá que esperar. "El sector de la hostelería y el comercio son de los más afectados", admitió la vicepresidenta. "Y la ministra de Industria está trabajando en el plan de choque, hablando con las CCAA y las administraciones locales... Veremos ese trabajo, que será anunciado en su momento, cuando haya un plan claro".

Lo que sí incluirá el decreto es la extensión de los créditos ICO, para la que esperaba el Gobierno un permiso de Bruselas. "El texto incorpora elementos de extensión de estos créditos, duración de contratos, periodo de carencias... para reforzar la solvencia empresarial", apuntó sin dar más detalles. "Estábamos esperando que la Comisión Europea nos autorizara a extender el plazo de suscripción avalados por el Gobierno hasta finales de junio, y eso haremos". 

Como quedó anunciado en el Congreso, también se abordará la bajada del IVA a las mascarillas (del 21% al 4%), y habrá medidas para el sector energético y, más importante, "para el concursal", es decir, para las empresas en dificultades

En todo caso, Calviño, defendió al Gobierno y sus planes de choque ya vigentes "desde el 10 de marzo"... aunque ese decreto era realmente de ayudas al turismo canario por la caída de la turoperadora británica Thomas Cook. "Aquellas medidas ya ayudaban al sector turístico", defendió Calviño. "Además, hemos canalizado avales por el ICO, ampliado los ERTE, apoyado a los autónomos... todo eso eran medidas no por sectores, pero hostelería, comercio y turismo se vieron beneficiados".