El histórico aumento del gasto social que recoge el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha multiplicado los fondos que manejará el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para financiar las políticas que impulsa desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

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Sus tres principales banderas, Dependencia, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y lucha contra la pobreza infantil, contarán con 2.162 millones de euros más en 2021 frente a lo que han tenido en este ejercicio, a pesar de que la crisis económica va a golpear los ingresos del Estado.

Si se aprueban estos Presupuestos, el Sistema de Atención a la Dependencia contará en 2021 con 603 millones más que este año, hasta alcanzar su mayor cifra en la historia: 2.534 millones.

El Gobierno quiere con este apoyo reducir la lista de espera para acceder a la ayuda y mejorar las prestaciones.

También el IMV que fue diseñado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero presentado junto a Iglesias, contará con más recursos el próximo año. No solo porque en 2020 ha entrado en vigor a mediados del ejercicio. También porque se van a incrementar las prestaciones a los pocos meses de su entrada en vigor.

El motivo es que está contemplado que el IMV se revalorice en la misma proporción que las pensiones no contributivas, que subirán el próximo año un 1,8%.

El 'Libro Amarillo' de los PGE recoge así una dotación para el IMV de 3.017 millones para financiar esta ayuda que forma parte del programa del Gobierno de coalición para luchar contra la desigualdad. De este modo, su aumento frente a 2020 será de algo más de 1.500 millones.

La protección a la familia y la lucha contra la pobreza infantil también contarán con más recursos si salen adelante estas cuentas, para lo que es necesario que el Ejecutivo logre el respaldo de sus socios de investidura o incorpore a Ciudadanos y mantenga otros tantos apoyos.

Según el proyecto de Presupuestos, la partida para luchar contra la pobreza infantil se incrementará en 59 millones, hasta los 159 millones.

Con esto, estas tres grandes partidas contarán el próximo año con 2.162 millones de euros más que en 2020, hasta alcanzar los 5.710 millones de euros, un 61% más que un año antes, tras la la negociación que acabó en la noche del lunes entre Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Situación excepcional

Teniendo en cuenta las dificultades recaudatorias de un año en el que la economía seguirá padeciendo los estragos de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el éxito de Iglesias frente a los postulados más ortodoxos del Gobierno que representa la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es llamativo.

El partido morado ha conseguido que el Gobierno acabe presentando estas cuentas públicas a los españoles como un "escudo social". De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió este miércoles en su presentación en que sus Presupuestos aspiran a "proteger a las personas" en esta crisis y para "combatir la desigualdad".

De este modo, aunque el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuenta con una dotación de 3.836 millones de euros, Iglesias tendrá recursos para defender sus políticas en esta legislatura si se aprueban estas cuentas.

De ese presupuesto asignado a Derechos Sociales, 917 millones proceden de los fondos europeos que todavía no están aprobados, pero que han sido clave para que el Ejecutivo pueda hacer políticas sociales con estas cuentas públicas.

No obstante, su asignación está lejos de las cuantías con las que se van a dotar otras carteras, como Asuntos Económicos y Transformación Digital (4.550 millones de euros); Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (11.470 millones); Transición Ecológica (11.935 millones); Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (29.032 millones) o Defensa (9.409 millones).

Pese a la situación de excepcionalidad y emergencia económica en la que se ha elaborado este proyecto de Presupuestos, el Gobierno también ha incorporado subidas de gasto para otras políticas que dependen de Unidas Podemos, como el Plan Corresponsables que depende de la ministra Irene Montero.

Este programa piloto del Ministerio de Igualdad estará dotado con 200 millones, de los que 190 millones serán transferidos a las comunidades autónomas. También se incrementa el gasto en ampliar la prestación por paternidad de 12 a 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en casos de partos múltiples en una semana más por hijo a partir del segundo.

Dentro de Igualdad, también destaca el incremento de los créditos destinados a Actuaciones para la prevención integral de la Violencia de Género en 21 millones, hasta alcanzar la cifra de 180 millones.

A partir de ahora, el Gobierno tendrá que negociar con las distintas fuerzas políticas los apoyos necesarios para sacar adelante estos Presupuestos de los que depende el futuro de la legislatura.

Pero, además, falta por conocer la visión de la Comisión Europea que en esta ocasión es fundamental para que se liberen los fondos europeos con los que el Ejecutivo cuenta para impulsar la recuperación a partir del próximo año.