La rebelión de los ayuntamientos por el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para que los consistorios presten "de manera voluntaria" sus remanentes al Ejecutivo es solo el preludio de los conflictos territoriales por el reparto de fondos que va a dejar como herencia la pandemia de la Covid-19.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este miércoles la puerta a renegociar ese polémico acuerdo por el que los ayuntamientos entregarán al Ministerio de Hacienda cerca de 15.000 millones de euros que tienen como remanente. Se trata de una cuantía que sería entregada como un préstamo que será devuelto en una década (plazo ampliado a 15 años, después).

A cambio, en los próximos Presupuestos se crearía un fondo para repartir entre los ayuntamientos que cumplan con el déficit para que puedan invertir en movilidad, infraestructuras culturales, cuidado del Patrimonio Histórico o en asuntos sociales.

Reforma pendiente

Esos remanentes son un dinero que los alcaldes no pueden utilizar -ni siquiera podrían hacerlo para anunciar una bajada de impuestos- debido a que España tenía pendiente antes de la llegada del coronavirus una reforma para flexibilizar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que impulsó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2012, cuando la crisis financiera tocó fondo en España.

Modificar esa ley ahora podría generar suspicacias en Bruselas en un momento en el que este país debe mostrar un compromiso total por equilibrar sus cuentas públicas. De modo que conseguir consenso con los ayuntamientos para poder emplear un dinero que se guarda en depósitos -por los que ahora hay que pagar a los bancos- parece prioritario para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Tras sacar por los pelos un acuerdo con la FEMP, que ahora toca revisar después de que Barcelona (Ada Colau) se sumara a la rebelión, Montero afronta otro frente de batalla en el terreno autonómico.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe al presidente de la FEMP, Abel Caballero. EP

Flexibilizar la llamada ley Montoro no es la única asignatura pendiente que tenía el Gobierno, ya que desde el año 2014 está pendiente acometer una reforma del sistema de financiación autonómica, que no contenta a nadie, pero no se ha podido tocar debido a que la situación política ha impedido introducir este asunto en la agenda.

Con las competencias de Sanidad transferidas, las comunidades autónomas son las que han tenido que hacer frente con mayores recursos a la gestión de la Covid-19. Para aliviar su situación, el Gobierno central revisó al alza las entregas a cuenta la pasada primavera.

Lo hizo en base a las previsiones de ingresos que contempló en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2020, puesto en marcha en febrero, antes de que la pandemia desplomara la recaudación.

Se recurrió a esa cifra estimada a comienzos de año, precisamente, para ser más generoso con las autonomías, a las que se anticipó una parte de la liquidación, para que pudieran hacer frente a la emergencia sanitaria y social.

El parón económico generado por el coronavirus ha provocado que los ingresos estatales acumulados hasta junio hayan caído en casi un 35%. Sin embargo, los de las comunidades autónomas han aumentado alrededor de un 11%, según los últimos datos de Fedea.

Un conflicto servido

Dado que las entregas a cuenta se fijan en los Presupuestos de cada año y las liquidaciones se practican en el mes de julio con un retraso de dos años -cuando se dispone de toda la información necesaria sobre su situación- el conflicto entre el Ministerio de Hacienda y las consejerías de Economía ya está servido. Pero no habrá que esperar al momento en el que haya que empezar a devolver buena parte de esas entregas para ver los primeros choques.

De hecho, los barones autonómicos seguirán este año con más interés de lo habitual la negociación de los Presupuestos que debe retomarse en unas semanas. Entre otros motivos por el interés que tienen por participar en el reparto de fondos procedentes de la Unión Europea.

Varias comunidades gobernadas por el PP han reclamado en las últimas semanas que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar la indefinición que hay en este momento sobre las previsiones de ingresos, lo que complica la elaboración de los Presupuestos que tienen que aprobar los Parlamentos autonómicos para 2021. 

Entre ellas, figuran Madrid, Castilla y León, Galicia o Murcia. Sánchez se ha comprometido a que Hacienda lo convocará, pero no hay fecha oficial todavía para la reunión.

En medio de esta incertidumbre hay quien lleva ventaja. Es el caso del Gobierno del País Vasco, que pactó en julio una flexibilización del déficit hasta el 2,6% para este año y una deuda pública del 15,9%. Un acuerdo que varias consejerías de Economía han pedido replicar para tener una guía con la que trabajar al menos de aquí a final de año.