Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso con la que pretenden prohibir los despidos colectivos a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.

La presentación de la ley coincide con el reciente caso de Sekurit, una de las dos plantas que la multinacional cristalera francesa Saint-Gobain tiene en Avilés, y que se encuentra inmersa en un despido colectivo que, según Sumar, culmina un proceso en el que buena parte de la actividad productiva de la empresa se ha trasladado a fábricas fuera de la UE.

Para minimizar las consecuencias negativas de ese tipo de procesos, Sumar propone una ley que tiene por objeto la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas.

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"Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo", denuncia la formación en su propuesta, a la que ha accedido Europa Press.

Por ello, plantean introducir una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores para impedir a las empresas que lleven a cabo la deslocalización de su actividad fuera de la UE la adopción de despidos colectivos y extinciones de contratos por las causas objetivas, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de inaplicaciones de las condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos vinculadas a estos traslados.

Devolver las ayudas

Pero, además, la propuesta de Sumar incluye un apartado para que las empresas que deslocalizan su actividad, si hubieran sido beneficiadas en los cuatro años previos de medidas ligadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o a la aplicación del Mecanismo RED, se vean obligadas a reembolsar tales beneficios.

Por otra parte, el grupo confederal quiere introducir otra disposición adicional para "garantizar la transparencia" en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas, de modo que se proporcione información detallada a la plantilla y se permita la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen entre la compradora y la vendedora.

De esta manera, dice Sumar, se fortalecería el principio constitucional de democracia en la empresa, al tiempo que se salvaguardan los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en situaciones de crisis empresarial.