Gonzalo García de Andrés, secretario de Estado de Economía, dio el pistoletazo de salida a la polémica con unas declaraciones en las que daba detalles de la marcha de la reforma, que se está tratando con la Comisión Europea.

En ellas, el miembro del equipo de Calviño planteaba la reforma como una fórmula para incentivar que los beneficiarios del subsidio aceptaran los empleos que se les plantearan.

Entre ellos, la compatibilización de la prestación con un salario (con un límite de ingresos) y el pago escalonado y decreciente del subsidio, aunque en términos globales a los beneficiarios se les seguiría pagando lo mismo.

Estas palabras y la interpretación de la reforma del subsidio como una fórmula para incentivar la aceptación de trabajos por parte de los parados han desatado las iras de Yolanda Díaz.  La vicepresidenta segunda aprovechó el inicio de curso del Congreso para cargar contra Economía y reclamar el mando sobre esta iniciativa. 

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En este sentido, la ministra recordó que el subsidio es "una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social" y mostró su "absoluta disconformidad" con la interpretación de la reforma de Economía.

"Les garantizo a los trabajadores de nuestro país que desde esta Vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos, tiene que ver con la ampliación de las subjetividades en el subsidio por desempleo", ha defendido Díaz.

La vicepresidenta segunda ha recordado que los perceptores del subsidio por desempleo cobran 480 euros al mes y que la intención de Trabajo es "mejorar la calidad de la prestación" y "eliminar aspectos burocráticos que lo empeoran", como el mes de espera.

De hecho, desde que se empezó a tramitar la reforma, el enfrentamiento entre ambos departamentos ha sido notable, según ha podido saber este medio. Con todo, hasta ahora las desavenencias no habían eclosionado en un enfrentamiento como el que se ha visto estos días. 

Alineación

Fuentes del departamento de Calviño han tratado de templar gaitas. Han asegurado que "Economía está alineada con Trabajo en los elementos mencionados por ese departamento".

Concretamente, se refieren a la citada compatibilidad del subsidio con salario, dar cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares que hasta ahora no tenían protección y que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado. 

Sin embargo, el departamento no hace referencia ninguna respecto a respetar, o no, las competencias que reclama Díaz sobre el subsidio. 

Pese al enfrentamiento, los equipos de Díaz y de Calviño van a seguir negociando para cerrar los trabajos técnicos que requiere la norma. Ya hay programadas varias reuniones para las próximas semanas, unos encuentros en los que participarán otros departamentos como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que, por ahora, es espectador de la polémica. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

El Gobierno necesita acelerar la reforma del subsidio de desempleo para tenerla aprobada antes de que acabe el año. ¿Por qué? Esta medida forma parte de los compromisos alcanzados con Bruselas para recibir el cuarto pago de Fondos Next Generation, que todavía no se ha pedido. Concretamente, unos 10.000 millones que no se han pedido aún.

Con todo, las chispas no han saltado sólo entre Trabajo y Economía. Los sindicatos y la patronal CEOE ya han reclamado que la reforma tiene que pasar por el diálogo social y tiene que negociarse con trabajadores y empresas. 

Según ha podido saber este periódico, el Gobierno no se plantea activar ninguna mesa de negociación social respecto al subsidio. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que se buscarán fórmulas para sumar aportaciones de sindicatos y patronal. 

De esta manera, la reforma del subsidio de empleo (que cobran más de 700.000 personas en España, y tras los cambios previstos la cifra de beneficiarios podría superar el millón) se está convirtiendo en un dolor de muelas imprevisto para el Ejecutivo. Y podría ser peor. 

La reforma, como mínimo, se aprobará a través de un real decreto-ley. Es decir, que tendrá que recibir el aval del Congreso para mantenerse activa. Una votación que pondrá a prueba, de nuevo, las alianzas parlamentarias del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.