Creado por Magdalena Valerio, los resultados del Plan Director por un Trabajo Digno desarrollado entre 2018 y 2020 ofrecen poco lugar a dudas. Gracias al refuerzo de actuaciones dirigidas a la lucha contra la economía irregular en el ámbito laboral, durante sus 23 meses de aplicación afloraron 214.646 empleos y se recaudaron cuotas a la Seguridad Social por un importe de 1.873.570.711 euros.
Así lo indican los datos publicados por el Consejo Económico y Social (CES) en su 'Memoria 2020'. Según indica el texto, las actuaciones de la inspección de Trabajo y Seguridad Social se concentraron en "los sectores en los que se viene presentando mayor fraude" y teniendo en cuenta "las peculiaridades de cada territorio".
Dentro de los más de 214.000 casos de fraude laboral, la inspección halló 39.249 casos de falsos autónomos y 1.603 de falsos becarios.
Según el CES, en el periodo de aplicación del Plan Director (entre agosto de 2018 y mediados de 2020) se convirtieron en indefinidos un total 323.026 contratos, 139.779 de mujeres y 183.247 de hombres.
La estrategia contra la economía irregular también persiguió los impagos y retrasos en el abono de las retribuciones salariales. En total, entre 2019 y junio del año pasado se hicieron 35.301 actuaciones, se impusieron 2.403 infracciones con propuesta de sanción y se activaron 7.771 requerimientos dirigidos al pago de los salarios.
A lo largo de este periodo, "la labor inspectora recuperó en beneficio de las trabajadoras y trabajadores un total de 24,3 millones de euros".
Socavón
La memoria del CES recopila la totalidad de la labor inspectora laboral de los últimos años, e indica que ha habido un 'socavón' en 2020.
El número de actuaciones realizadas durante 2020, según datos provisionales, fue de 945.416, lo que representa un volumen de actividad inferior al año anterior, un 10,85% menos. "Así, se detuvo la tendencia alcista del volumen total de actuaciones llevadas a cabo por la inspección iniciada en 2018", indica el CES.
Concretamente, disminuyó el número de las actuaciones en los ámbitos de prevención de riesgos laborales (un 21,53%), empleo y colocación (un 25,75%), extranjería (un 25.68%) y Seguridad Social (un 12.58%). Por el contrario, aumentaron en materia de relaciones laborales (un 19%) y en el epígrafe de otras actuaciones (un 17.31%).
Esto ha conllevado, a su vez, una importante disminución tanto de infracciones como de recaudación a través de las multas por dichas infracciones.
En 2020 se detectaron 73.415 infracciones, un 15,18% menos que en 2019. También está muy por debajo de la media de infracciones entre 2012 y 2020, que es de 86.755.
Respecto a la recaudación a través de las sanciones, en 2020 se alcanzaron los 244,2 millones de euros. De nuevo por debajo de 2019 (309 millones) y de la media de 2012 a 2020 (301 millones).