Como adelantó Invertia, el Consejo de Ministros de este martes aprobará el real decreto-ley con el que se legislará el teletrabajo o trabajo a distancia. Gobierno, patronal y sindicatos han cerrado un preacuerdo este lunes que las directivas de CEOE y Cepyme y UGT y Comisiones Obreras (CCOO) ratificarán en la mañana de este martes.
Así lo indican fuentes del Diálogo Social. El real decreto-ley permitirá que la normativa entre en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque cabe recordar que habrá un plazo para que las empresas se adapten a la normativa.
La normativa del teletrabajo se lleva negociando desde finales de junio y se aprobará junto a la ampliación del plan 'MeCuida', que permitirá a los trabajadores cuidar a hijos afectados por coronavirus o en cuarentena por algún contagio cercano. ç
Este preacuerdo coincide en el tiempo con la firma, hoy mismo, del acuerdo al que han llegado también los sindicatos de funcionarios para regular el teletrabajo en el sector público. Aunque el real decreto-ley correspondiente, en este caso, no se aprobará hasta dentro de una semana por detalles técnicos, según fuentes de la negociación.
Obligaciones
Tanto en el sector público como en el privado, el teletrabajo tendrá carácter voluntario y será reversible. Además, las Administraciones Públicas y las empresas tendrán la obligación de habilitar los medios tecnológicos necesarios para que los empleados puedan 'teletrabajar'.
En el caso de las empresas, se les exhorta a compensar los costes que para el trabajador supone el teletrabajo. Estos costes se pactarán en un acuerdo por escrito que tienen que negociar la entidad contratante y el contratado.
Dicho acuerdo reflejará también la jornada que tendrá el 'teletrabajado', que se ajustará a un convenio colectivo o empresarial en el que se establezca el margen de flexibilidad horaria de los 'teletrabajadores', teniendo en cuenta los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso. Todo ello bajo el control de un registro horario para que se respete el derecho a la desconexión.