La vuelta de la actividad legislativa preocupa a los empresarios. En un momento de extrema fragilidad económica, la patronal teme el cuajo de los pasos dados por el Gobierno en los últimos meses para hacer una reforma laboral "por la puerta de atrás" aprovechando la excepcionalidad que ha generado la pandemia en las relaciones laborales.

La alarma entre las empresas es máxima, ya que se considera que los retoques legales que deje hechos este Gobierno, repartidos en una maraña de diferentes decretos y aprobados al margen del diálogo social, pueden lastrar la economía española en los próximos años.

"La covid-19 acabará en unos meses y tendrá un coste muy alto que tendremos que pagar. Pero este tipo de reformas, cuando se aprueban, se quedan y dañan a la economía en el largo plazo", sostienen fuentes de la CEOE.

Legislar en caliente nunca fue aconsejable. Sin embargo, tras el experimento forzado por la covid-19 de implementar el teletrabajo en masa, el Ejecutivo ha convertido en una prioridad la regulación de esta fórmula de empleo.

Es cierto que dotar al teletrabajo de un marco normativo era una asignatura pendiente, puesto que el trabajo en remoto era ya una realidad en algunas empresas a pequeña escala antes de la pandemia. Sin embargo, la propuesta que está sobre la mesa es rechazada por los empresarios. 

Tanto es así que cuando se conoció el contenido del primer borrador de anteproyecto de ley, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se pronunció en público de forma tajante al afirmar que con ese marco normativo, muchas empresas podrían irse a Portugal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Tras aquella advertencia, el Gobierno ha seguido trabajando en la futura norma y ha introducido algunos cambios que rebajan el coste del teletrabajo para las empresas. No obstante, la patronal considera que la propuesta que hay sobre la mesa sigue siendo inaceptable para las empresas.

"Ante el cierre de los colegios y las restricciones de movilidad, los empresarios hemos arrimado el hombro con el teletrabajo. Pero hay casos en los que un trabajador en casa es menos productivo. El trabajo en remoto debe abordarse como un tema de eficiencia de empresa, no de derechos", sostienen en la patronal.

La CEOE es favorable a mantener el teletrabajo a corto plazo para ayudar en cuestiones sanitarias. Pero teme que un cambio legislativo de calado y sin consenso en este terreno provoque una fuga de empresas.

En ese sentido, advierten que el teletrabajo es "un arma de doble filo" porque facilita la movilidad. No solo del trabajador, también de la empresa. Y este anteproyecto no es el único paso dado en los últimos meses de pandemia en contra del rumbo que fijó la reforma laboral de 2012.

Ley de igualdad

La futura Ley de Igualdad, que fue avanzada por este periódico y acordada por el Gobierno con los sindicatos sin el apoyo de la patronal, también contiene algunos puntos que preocupan mucho a las empresas.

En especial, a las pequeñas, ya que otorga más poder a los sindicatos en las pymes.

"La Ley de Igualdad que ha llegado al Congreso es una reforma laboral para dar más fuerza a los sindicatos en empresas pequeñas con un conflicto de interés brutal. Son cosas que se meten por la puerta de atrás para cambiar la legislación vigente", denuncian los empresarios.

La buena sintonía de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos no era ningún secreto antes de su nombramiento. Y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reiterado en numerosas ocasiones -incluso ocupando el cargo actual- que quiere derogar la reforma laboral en su conjunto.

Sin embargo, cuando la supervivencia de buena parte del tejido productivo español está en peligro, la CEOE considera que no es el momento de introducir estos cambios y dedicar tiempo a debates que distraen a los agentes sociales de lo más acuciante: contener una pandemia que va a dejar a la economía española con grandes heridas.

Los sindicatos en los ERTE

Una de las medidas que más ha ayudado a contener la sangría que el cierre de la actividad ha tenido sobre el empleo ha sido la utilización de los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que rescató la reforma laboral de 2012 como mecanismo de flexibilidad.

En la negociación de estos expedientes, que están sirviendo para paliar los efectos reales de la covid-19 en el empleo, los sindicatos han salido muy reforzados.

El próximo 4 de septiembre, los agentes sociales y la patronal se sentarán con el Gobierno para cerrar un nuevo acuerdo sobre los ERTE. 

Esta negociación que se ha prolongado en el tiempo -por no haber cerrado un acuerdo inicial que fijara un horizonte temporal más ambicioso, como han hecho otros países- obliga a centrar esfuerzos en un asunto que debería estar cerrado. Algo que retrasa las conversaciones sobre otros aspectos importantes en los que hay que trabajar para paliar los efectos económicos del coronavirus.

Dado que ya se conocen desde hace tiempo las cuantías -y este lunes Bruselas propuso a España recibir 21.300 millones de euros del SURE-, desde la CEOE se considera importante dejar zanjado ya este asunto la próxima semana para dotar a las empresas de la seguridad jurídica necesaria para capear los próximos meses. 

La falta de un horizonte temporal claro para los ERTE se une a los globos sonda -y borradores- de leyes que van a revertir aspectos de la reforma laboral fuera del diálogo social. Esto es algo que "genera más incertidumbre" de la que ya tienen las empresas por la crisis sanitaria, advierten en la CEOE. Una indefinición que no ayuda ni a animar la inversión, ni a generar el empleo que tanto necesita ahora España.

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