Este viernes el Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario, ha aprobado una de las medidas 'estrella' del programa del Gobierno de coalición. Se trata del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación cuya formulación se ha adelantado debido a la crisis económica generada por el coronavirus, que se ha ultimado en las últimas jornadas y que viene a poner coto a las situaciones de “pobreza extrema en España”.

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La estimación es que la prestación podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de la que el 30% son menores de edad. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. Y en ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha explicado que se tendrán acceso perceptores de entre 23 y 65 años, y desde los 18 "si hay menores al cargo". El IMV, que ha descrito como "un nuevo derecho de la ciudadanos que supone un antes y un después", garantizará un mínimo de ingresos de 5.538 euros anuales y hasta un máximo de 12.184 euros

Test de patrimonio

De esta manera, una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, incluidas las salariales, el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado, si se supera el test de patrimonio. Las cuantías van desde el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo (unos 460 euros al mes en 12 pagas) a algo menos del salario mínimo interprofesional (1.000 euros al mes en 12 pagas).

Eso sí, para poder recibirlas, los hogares (que quedan divididos en 12 tipologías con sus 12 umbrales diferentes) tendrán que superar un test de riqueza,que se concentra en el patrimonio, que tendrá que ser inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, excluyendo la vivienda habitual, con una escala de incrementos por hogar. Es decir, que tendrá que ser inferior a los 16.614 euros, en el caso de la prestación más baja, y más bajo que los 43.100 euros, en el caso de los núcleos familiares con mayor prestación. 

"Los recursos que vamos a pasar a los hogares no van a ir a un paraíso fiscal, sino que van a ir al consumo. EL IMV es un paso histórico para caminar en esta dirección", ha indicado Iglesias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el más importante en derechos sociales desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006. 

Bonificaciones

Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien ha diseñado la nueva prestación, avisa de que hay un conjunto de medidas alrededor del IMV para asegurar la integración de sus perceptores. Entre ellas, bonificaciones fiscales para las empresa que los contraten y que la prestación se pueda recibir al mismo tiempo que un sueldo, con descenso proporcional de la misma según cada salario. 

Escrivá ha recordado que la medida aprobada es "muy distinta" a la que diseñó cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "Está mucho más focalizada por la cantidad de datos a los que hemos tenido acceso". 

Además, Escrivá ha recordado que las rentas de inserción autonómicas no chocarán con el IMV, que supondrá el mínimo nacional. La prestación se podrá pedir a partir del 15 de junio y con efectos retroactivos hasta el 1 de junio, una condición que se aplicará a todos aquellos que la pidan hasta el 30 de septiembre.