El vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, ha afirmado este miércoles que el Impuesto de Patrimonio es "confiscatorio e injusto" y "atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes españoles". Por ello ha instado al Defensor del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad por la subida impositiva recogida en los Presupuestos Generales del Estado.

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Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de reunirse con el Defensor del Pueblo, donde ha resaltado que "no es justo gravar el patrimonio con un 3,5%, después de haber pagado ya una renta, cuando la rentabilidad de las rentas del tesoro es del -0,5%".

"Eso quiere decir que los contribuyentes españoles, para poder pagar el Impuesto de Patrimonio, tienen que vender una parte importante de su patrimonio", según Sánchez-Llibre, que piensa que "eliminando definitivamente este impuesto de la fiscalidad española también se acaba con el 'dumping' fiscal sobre este impuesto".

Confianza en el Defensor del Pueblo

Sánchez-Llibre ha afirmado que esta serie de características "confiscatorias e injustas" de este impuesto solo existen en España y la patronal confía en el que el Defensor del Pueblo, apoyándose en las propuestas de CEOE, plantee este recurso de inconstitucionalidad.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha dejado claro que la patronal "en ningún caso está diciendo que no hay que pagar impuestos", aunque lo que no entiende es que el Impuesto de Patrimonio grave el ahorro de algo que ya se ha pagado con impuestos.

También ha puesto de relieve que "es curioso" que España sea el único país de la Unión Europea que tenga este impuesto. "Lo único que estamos diciendo es que se valore que es un impuesto confiscatorio y que no favorece la creación de riqueza ni el ahorro", ha remarcado, tras apuntar que este impuesto "no tiene sentido" y que lo que se tiene que hacer es "suprimirlo".

Recurso de inconstitucionalidad

El presidente de CEOE, junto el presidente de Foment del Treball y el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, se han reunido este miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para instarle a que interponga un recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio, del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.

En esta reunión se le hizo entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de todas las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la junta directiva de la Confederación.

Sin embargo, CEOE critica que "lejos de este enfoque", en el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del Covid-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, que "no existe en ningún otro país de la UE", del 3,5% es "distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional".

En este sentido, CEOE señala que, según la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así se entiende cuando un impuesto "somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto".

Pérdida del patrimonio para el contribuyente

Y es que, según la patronal, en "muchos casos" el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio --incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios-- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir.

Además, sostiene que en el momento actual el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está "razonablemente por debajo" del tipo impositivo, debiendo añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF.

Por ello, considera que en este caso existe un "supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico".

"Es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario", han añadido desde la patronal.