ING España no es un banco español, es sólo la sucursal de un banco que opera con licencia bancaria única desde su sede central situada en Países Bajos y que tiene un puñado de oficinas en nuestro país. Es por eso que la crisis que está experimentando la entidad, que ha acordado pagar una multa de 775 millones de euros tras reconocer que blanqueaba sumas indeterminadas de dinero, no tiene cortafuegos y puede llegar a afectar directamente a sus actividades en España. Esa constatación, sumada a su decisión de dejar de ofrecer rentabilidades significativas a sus clientes españoles, puede llegar a tener consecuencias muy negativas.

El problema no es la multa, es que a la suma acordada empiezan a añadirse otros riesgos, empezando por los 500 millones que reclama el empresario español Javier Pérez-Dolset y su empresa familiar Wisdom. El directivo, que fue a la cárcel tras una serie de circunstancias que aparentemente tuvieron mucho que ver con las decisiones de ING y del multimillonario ruso Mikhail Fridman (también máximo accionista de Dia), ha manifestado su interés en solicitar la retirada de la licencia bancaria del grupo, como ya adelantó EL ESPAÑOL.

A eso hay que añadir la presión del Parlamento. El diputado del ultraderechista partido liberal VVD Roald van der Linde ha manifestado su incompresión por el hecho de que lo único que pierdan los responsables del caso sea su bonus como ejecutivos de la entidad. No ha sido el único. También han pedido el procesamiento de directivos el laborista Henk Nijboer y el socialista Michiel van Nispen.

Los españoles lo sabían

Desde el entorno de Dolset se afirma que ING España y sus directivos conocían los hechos y participaron en ellos. Concretamente, Pérez Dolset habría mantenido reuniones con los directivos de ING en España el 13 de marzo y el 17 de abril de 2015, donde fueron informados de los hechos. Según el entorno de los Pérez Dolset, la consultora Álvarez & Marshal les informó de algunas transacciones y les recomendó mejorar la gobernanza de la compañía.

Aunque desde ING en España descartan hacer comentarios porque no pueden revelar información de clientes, fuentes cercanas a la compañía explican a EL ESPAÑOL que se trata de un cliente que era gestionado desde Holanda y por tanto todas las acciones que se engloban en este caso, eran gestionadas por desde allí.

La asociación holandesa de banca NVB señaló que está preocupada por el impacto de este caso sobre la reputación del sector de servicios financieros. “Que los medios se fijen en cosas que van mal en los bancos no es bueno para recuperar la confianza en el sector”, subrayó su presidente, Chris Buijink.

Aunque sin grandes caídas, el precio de la acción de ING ha bajado por debajo de los 11 euros, lo que supone volver al nivel que tenía hace dos años.

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