En un momento en el que el precio de luz en España no deja de marcar valores máximos históricos y protagoniza las conversaciones de los ciudadanos y los titulares de los medios de comunicación, las diferentes iniciativas para luchar contra la pobreza energética adquieren más relevancia que nunca.  

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Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que corresponden a 2019, un 16,7% de población tenía un gasto energético sobre los ingresos superior al doble de la mediana nacional, mientras que un 10,6% estaba afectada por la pobreza energética escondida (un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional).

Asimismo, un 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y un 6,6% de los domicilios registró retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda. Datos preocupantes que, además, no reflejan aún el impacto que la crisis provocada por la covid-19 en la pobreza energética de los hogares

Para luchar contra esta lacra, el Gobierno dispone de distintas herramientas, como el Bono Social Eléctrico y el Bono Social Térmico, pero éstas no siempre llegan a sus destinatarios finales, bien por desconocimiento o bien por dificultad. De hecho, de los 4,5 millones de personas que se estima se encuentran en situación de pobreza energética en España, pero solo el 37% había solicitado y disfrutado del bono social eléctrico. 

Por ello, la lucha contra la pobreza energética necesita nuevos aliados que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Y en este proceso de transformación digital en el que están inmersas todas las sociedades, tecnologías como la inteligencia artificial a los procesos basados en blockchain presentan una capacidad en ámbitos asistenciales que todavía no ha sido suficientemente explorada.

Blockchain para mejorar el bono social

Sobre esta idea de que la tecnología puede ser un elemento clave para reducir la pobreza energética, y con el fin de fomentar alianzas entre los distintos actores del ecosistema, la Fundación PwC ha desarrollado un proyecto blockchain con el que quiere facilitar el acceso a las familias al Bono Social Eléctrico.

Para probar su eficacia, PwC se ha aliado con Iberdrola, Cruz Roja, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), el Ayuntamiento de Bilbao en el área de acción social y Lanbide, Servicio Vasco de Empleo. Y el piloto ha tenido resultados exitosos que ahora quieren extender a otras zonas del país y a otras compañías. 

El proyecto piloto permite, gracias al empleo de la tecnología blockchain, gestionar de forma ágil y sencilla tanto la identificación de los beneficiarios del Bono Social Eléctrico, como la tramitación de las solicitudes. Su objetivo era maximizar el número de familias que pueden acceder al descuento, facilitar y simplificar al máximo el procedimiento y evitar un posible fraude en la solicitud de estas ayudas.

La Fundación defiende que la tecnología blockchain proporciona un conjunto de ventajas que permiten alcanzar dichos objetivos: una arquitectura sencilla para la interconexión de los intervinientes, la automatización de las verificaciones de la documentación y un registro fehaciente de información sobre las acciones de los distintos usuarios, comprobaciones y notificaciones.

Antonio Requena, socio de PwC, explicó que este piloto ha demostrado que se puede reducir la complejidad que supone hoy en día solicitar el bono social, al mismo tiempo que se garantiza el respeto a la privacidad de los datos personales de los usuarios, ya que los intervinientes solo tienen acceso a los que realmente necesitan para desempeñar su función. 

"El objetivo es conseguir aumentar el porcentaje de solicitudes del bono social en un esquema de eficiencia operativa y que a la vez sea garante con la privacidad de la información", afirmó Requena en el acto de presentación del proyecto piloto, realizado con familias voluntarias del País Vasco. 

Representantes y plataformas

Para ampliar el alcance de potenciales beneficiarios, se ha creado el rol de representación, en este caso Cruz roja, que ejerce de enlace entre los colectivos vulnerables y las administraciones. Además, gracias a la información de la que disponen de estos colectivos se pueden encontrar casos de forma automática y desatendida. 

El coordinador General de Cruz Roja Española, Toni Bruel, remarcó que este proyecto demuestra que "amalgamando y usando bien la información" se puede lograr que cada vez más personas acceden a beneficios que necesitan y a los que tienen derecho, pero de los que no disfrutan por desconocimiento o falta de capacidad para gestionar su petición. Y es que la pobreza energética suele ir acompañada de otras vulnerabilidades.

Un papel clave en el desarrollo de este piloto ha sido el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT - RCM), entidad referente en identidad y certificados digitales. El organismo ha tenido un doble rol: habilitador técnico gracias a su infraestructura de primer nivel y de tecnología avanzada y enlace con la Administración Pública.
La directora general FNMT, Isabel Valldecabres, ha reivindicado el trabajo que desde la entidad han hecho en los últimos años en materia de blockchain, y que quizás hasta ahora no era muy conocido.
Además, agrega que esta es una "oportunidad excelente" para dar a conocer una tecnología que tiene "mala fama" por su impacto precisamente en el medioambiente como consecuencia del uso que las criptomonedas que hacen de esta tecnología.

En este caso, el blockchain que se ha empleado en este proyecto piloto es lo que se denomina "cerrado" o "privado", ya que se necesita un permiso previo para poder intervenir y acceder a las denominadas evidencias. De ahí, que su consumo energético sea muchísimo menor que el de que hacen las divisas digitales. 

Futuro del proyecto

Respecto a los siguientes pasos que quieren dar con este proyecto, Requena señaló que se encuentran ampliar los agentes sociales participantes en la iniciativa para intentar llegar de esta manera al máximo número de clientes vulnerables posibles en España. 
En esta línea, añadió que quieren extender esta solución probada con éxito en País Vasco a todo el territorio nacional, involucrando a las administraciones competentes, así como ampliar el proyecto a todas las comercializadoras de energía que hay en España. 

Alfonso Barba, responsable de Suministro de Último Recurso de Iberdrola España, apuntó que actualmente solicitar el bono social es para muchas familias "una carrera de obstáculos" y señala que proyectos como éste deben llevar a la versión 2.0 del sistema Boscoel software del Gobierno que se encarga de verificar los datos y determinar quién tiene acceso a estas ayudas y quién no.

Así, incidió en que la finalidad tiene que ser que el cliente que considere que tiene acceso a beneficiarse del bono social, que supone un descuento de hasta el 40% en la factura eléctrica, sólo tenga que solicitarlo y se pueda comprobar si cumple los requisitos en la plataforma garantizando la anonimidad de los datos no necesarios entre los intervinientes. 

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